Las autoridades, el equipo de Gestión, Área de Trabajo Trans, Travesti y No Binarie, Programa de Género, Sexualidades y ESI y Programa de DDHH, nos pronunciamos repudiando enérgicamente la violencia institucional y de género contra nuestra compañera Ivanna Aguilera el pasado 29 de marzo, y expresamos nuestra más amplia y comprometida solidaridad para que estas situaciones, que acontecen de modo sistemático, cesen de inmediato.
En la madrugada del lunes 29 de marzo, a las 00:45 hs aproximadamente, la compañera Ivanna Aguilera, coordinadora del Área de trabajo con la comunidad trans, travesti y no binarie de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, fue demorada por la policía de Córdoba en el control policial del puente Maipú, cuando se dirigía desde el barrio Güemes a su domicilio en un taxi. El motivo de dicha acción policial era una presunta orden de captura del año 1988. No bastando con la irracionalidad de la presunta fecha –atendiendo a una evidente prescripción de la misma cualquiera haya sido su motivo–, la orden se «fundaba» en algo que reviste mayor gravedad aun: el artículo 19 del ya derogado Código de Contravenciones, por no llevar «vestimenta acorde al género». Dicho artículo fue derogado en 1994, tras intensas movilizaciones de organizaciones sociales y activistas (entre ellas, la propia Ivanna integrante en aquellos años de la organización ACODHO) y de organismos de derechos humanos, y forma parte de la historia oscura de persecución y abuso policial sobre la comunidad trans/travesti durante décadas.
La demora policial a la compañera fue extendida durante más de tres horas en la madrugada, en plena calle, y sin darle ningún tipo de información sobre el motivo, hasta llegar a la Unidad Judicial 1 donde la dejaron en libertad con una advertencia: que fuera la propia Ivanna Aguilera a pedir el cese de esa orden, no solo vetusta por el transcurso del tiempo, sino ‒y fundamentalmente‒ basada en una norma derogada hace más de 20 años, claramente violatoria de los derechos a la identidad de género y de las garantías constitucionales más básicas de la ciudadanía.
Finalmente fue liberada en condiciones de absoluto desamparo, en un horario y una zona donde era imposible conseguir traslado hacia su domicilio. El vergonzoso e inexplicable periplo judicial continuó días después en los tribunales penales de Córdoba, en cuyo juzgado de control n°6, Ivanna debió tramitar un pedido de cese de esa orden de captura en tanto en la Unidad Judicial le habían advertido de que podría volver a quedar demorada o ser detenida si no «solucionaba» ella misma ese asunto en sede judicial.
La orden judicial de cese de la medida fue finalmente librada por el juzgado de control a la policía de Córdoba, fundándose en el «transcurso del tiempo» sin preocupación alguna por el tipo de norma que impulsaba esa orden de captura, además de tener registros violatorios del derecho al nombre reconocido en la ley de identidad de género 26.743. Esta gravísima situación está lejos de ser un «error del sistema» y es una clara y humillante violación a los derechos humanos que deben atender las autoridades provinciales, tanto ejecutivas como judiciales. ¿Con qué formación la policía de Córdoba demora a alguien por una orden judicial del año 1988 basada en una norma derogada 25 años atrás? ¿Qué cientificidad y tecnología en la tan alegada persecución del delito y la protección de garantías constitucionales tienen los sistemas de la policía de Córdoba que permiten semejante abuso? ¿Qué actores judiciales tiene Córdoba que ponen obligación a la ciudadana a que por sí misma se encargue de un trabajo que es producto de un error judicial, poniéndola al frente en un proceso de violación a sus derechos humanos? ¿Qué clase de formación en materia de género tienen las fuerzas policiales y el poder judicial de la provincia de Córdoba? ¿Con qué garantías puede circular la población trans y travesti en nuestra provincia existiendo episodios de este tipo?
Por ello, repudiamos enérgicamente lo sucedido, pero además instamos a la Fiscalía General de la Provincia, a la Policía de Córdoba y a los organismos estatales implicados (a quienes pondremos inmediatamente en conocimiento de la situación) a realizar un minucioso y comprometido trabajo para que estas situaciones no vuelvan a suceder jamás. Asimismo, desde esta Facultad, exigimos una inmediata respuesta ante lo sucedido, para que ninguna otra persona de la comunidad travesti trans quede expuesta a la arbitrariedad y el abuso de las fuerzas de seguridad, y ratificamos nuestro compromiso con la lucha contra toda forma de criminalización y por la erradicación definitiva de toda forma de violencia institucional y de género, y atropello a los derechos humanos.
Como una comunidad educativa y política que es parte de la universidad pública argentina, entendemos que es nuestra obligación tomar la voz e impulsar este reclamo de dignidad, de libertades concretas y justicias largamente postergadas que hoy nos demandan una respuesta urgente.
