En una sesión al aire libre en la vereda del Museo de Antropologías, el Consejo Directivo de la FFyH convocó a movilizarse y participar de las acciones y medidas de fuerza definidas para que el Congreso Nacional trate un proyecto de ley que permita, entre otras urgencias, recomponer salarios arrasados por el ajuste de Milei. Con la participación de Adiuc, docentes del nivel medio y público que pidió la palabra, también se repudió el fallo de la Corte Suprema de la Nación contra Cristina Fernández de Kirchner y los efectos proscriptivos que genera en el sistema político.
El aire helado de un invierno que arrancó con furia no impidió que el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades sesionara el lunes 23 de junio al aire libre, en la vereda del Museo de Antropologías, con el objetivo de compartir con la ciudadanía que circulaba por esa transitada zona de la ciudad la dramática situación presupuestaria que atraviesan todas las universidades públicas argentinas y sus organismos científicos y tecnológicos. Un sistema que está siendo dinamitado por el ajuste y la motosierra del gobierno nacional desde el minuto uno de la gestión de Javier Milei.
“Estamos en una dinámica de destrucción, no sólo de la universidad pública, sino de las condiciones de vida de las grandes mayorías populares”, dijo la Decana de la FFyH, Flavia Dezzutto, en la apertura de una sesión que habilitó la palabra no solo a lxs consejerxs, sino también a integrantes del gremio docente universitario (ADIUC), delegadxs nodocentes, docentes del nivel medio de la capital cordobesa y de personas que se sintieron interpeladas por la actividad y que quisieron expresar su acompañamiento a la lucha.
Además de compartir la crítica situación presupuestaria, y más allá de las distintas miradas sobre las acciones ya definidas y por definir, como la convocatoria a una nueva marcha federal en defensa de la universidad pública, el HCD convocó a la concentración que el jueves 26 de junio a las 17 se realizará en la explanada de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ubicada en la esquina de Vélez Sarsfield y Duarte Quirós, para luego participar de una “Marcha de la Antorchas” por el centro de la ciudad, actividad que se llevará a cabo en otras universidades nacionales del país, en el marco de un paro docente resuelto para el jueves 26 y viernes 27 de junio.
Estas medidas buscan que el Congreso Nacional trate un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario -que podría debatirse la primera semana de julio- con el objetivo de recomponer salarios que han perdido entre el 40 y el 50 por ciento de su capacidad adquisitiva si se lo compara con noviembre del 2023 (y del 101 por ciento si se lo mide a agosto de 2015) y fondos para gastos de funcionamiento, becas que han sido recortadas o eliminadas, y para financiar los organismos de ciencia y técnica, que también han sido arrasados por la motosierra del gobierno de Milei.
Otro punto alarmante expresado por lxs representantes de Adiuc fue que este ataque material y simbólico ejecutado contra las universidades nacionales está provocando que los recursos humanos formados por el sistema público abandonen la carrera académica para irse al ámbito privado, o que tengan que multiplicar sus trabajos para poder llegar a fin de mes, lo que afecta el desempeño de la actividad docente y también de investigación.
Como señalaron varixs de lxs consejerxs estudiantiles, esta crisis económica está impactando de manera muy significativa en la cursada de lxs estudiantes, quienes no pueden seguir yendo a clases por falta de recursos.
Aunque la mayoría valoró las reuniones con legisladorxs nacionales a los fines de incidir en la discusión legislativa, todxs lxs consejerxs apoyaron la organización de una nueva marcha federal, como las que durante 2024 protagonizaron millones de personas en todo el país en defensa de las universidades y la educación pública, porque el objetivo es salir a la calle para dialogar con una sociedad que en amplia mayoría valora la universidad pública.
Contra la proscripción política
El otro eje central de la sesión del Consejo Directivo giró en torno al fallo de la Corte Suprema de la Nación que confirmó la condena penal de Cristina Fernández de Kirchner el pasado 10 de junio. En este sentido, todas las voces se alzaron en contra de esta medida judicial, a la que calificaron de “proscriptiva”, ya que los efectos concretos de un fallo escandaloso por la falta de pruebas -como se demostró a lo largo de todo el proceso jurídico-, impiden a la ex presidenta y vicepresidenta participar de las elecciones este año, como ella había anunciado.
Casi todxs lxs que hicieron uso de la palabra vincularon la actual política nacional de destrucción de las universidades públicas con la condena a CFK y destacaron la fuerte inversión realizada en educación pública durante los gobiernos del 2003 a 2015. De hecho, ese año fue el de mayor inversión en porcentaje de PBI destinado al sistema universitario en toda la historia nacional.
