A través de una resolución aprobada por el Consejo Directivo, en la sesión del 22 de junio de 2010, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC se declaró públicamente en defensa de la Ley Provincial Nº 9526, que establece la prohibición de “la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y en todas sus etapas, constituidas por cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales” en todo el territorio de la Provincia de Córdoba.
La resolución destaca que esto se realiza “en el marco de la defensa de las instituciones democráticas, de la tutela de derechos consagrados y del bien común de la ciudadanía toda, por encima de intereses privados y sectoriales que procuran beneficios restringidos que se edifican sobre gravosos daños socio-ambientales irreversibles costos estatales y cesión de recursos naturales a la corporación transnacional”.
Antecedentes
El pasado 18 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba aceptó formalmente tratar el pedido de “inconstitucionalidad” de la Ley 9526, entablado por la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba (CEMINCOR) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN). La Cámara Minera también había solicitado, hasta que se expida el máximo tribunal, la suspensión de la ley, pero fue denegado.
Cabe destacar que esta Ley fue aprobada por unanimidad en la Legislatura provincial a fines de septiembre 2008, luego de un profundo trabajo técnico y legal que contó con la participación de muchos actores involucrados en la temática.
Por ese motivo, la Facultad de Filosofía y Humanidades adoptó esta decisión “en el marco de la defensa de derechos humanos internacionalmente consagrados y del patrimonio de las generaciones presentes y venideras”.
Esta medida aprobada por la FFyH se suma a la declaración en contra de la aceptación de los fondos provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), emitida en julio que 2009, y a la resolución posteriormente sancionada por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, en diciembre de 2009.
