En la sesión del Consejo Directivo del día lunes 7 de octubre se aprobó de forma unánime una declaración solicitando a lxs legisladorxs nacionales que asuman un compromiso decidido en defensa de la educación pública y la ciencia.
A las y los representantes de la Honorable Cámara de Diputados, elegidos por voto popular
Nos encontramos ante una encrucijada crucial para el futuro de nuestra nación, donde se encuentran en jaque la educación pública y la ciencia, pilares fundamentales para el desarrollo social y democrático. Hoy enfrentamos una crisis sin precedentes debido al desfinanciamiento y la desjerarquización, que amenazan no solo su continuidad, sino la esencia misma de lo que representan.
La Universidad Pública es un patrimonio colectivo que debe ser protegido y promovido. Actualmente, más del 70% de les trabajadores docentes y nodocentes de la educación superior reciben salarios que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Esta situación es inaceptable y debe ser abordada con urgencia para poder garantizar los derechos de las/os trabajadores y la calidad de la educación que reciben nuestras/os estudiantes.
Mucho más si se tiene en cuenta que proyectado para 2025, el presupuesto universitario presentado por el gobierno implica una profunda reducción de los recursos destinados a infraestructura y funcionamiento.
En este mismo sentido, el sistema científico argentino, que depende en un 60% de nuestras universidades, también se ve gravemente afectado por la falta de financiamiento y la paralización de proyectos.
Por todos estos argumentos, hacemos un llamado urgente a legisladores y legisladoras para que asuman un compromiso decidido en defensa de la educación pública y la ciencia. Para lograrlo es esencial sostener la Ley de Financiamiento Universitario y no permitir el veto presidencial. Esta ley, que representa solo el 0,14% del PBI, debe ser vista como una inversión estratégica y no como un gasto.
Estamos convencidas/os que es imprescindible oponerse firmemente a las políticas que entienden a la educación dentro de las lógicas de mercado, fomentando el arancelamiento y la privatización de un derecho humano fundamental e inalienable, pilar esencial para el desarrollo de una sociedad equitativa y democrática.
Históricamente, la educación pública argentina ha sido motor de movilidad social y una herramienta para la construcción de una ciudadanía crítica y comprometida. Rasgo identitario de un pueblo que durante décadas supo sentirse orgulloso de su sistema educativo público, la mercantilización del mismo no hará otra cosa que profundizar las desigualdades sociales ya existentes.
En este contexto de precariedad y crisis económica, priorizar la educación pública es más relevante que nunca. La educación debe ser un refugio y una solución, no un lujo.
Ante este panorama, hacemos a los y las legisladores un llamado a la resistencia, exigiendo el rechazo a las políticas que buscan mercantilizarla y los/las instamos a acompañar a la sociedad que se movilizó en forma masiva y contundente a lo largo y ancho del país en defensa de la educación pública.
