Desde el Programa de Ambiente, Sociedades y Territorios de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba realizamos un urgente llamado al Congreso de la Nación Argentina, ante la inminente aprobación en el Senado del Proyecto de Ley sobre “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, recientemente aprobado en la Cámara de Diputados, y la consecuente derogación de la Ley de Tierras.
En la FFyH decimos NO a la derogación de la Ley de Tierras N° 26.737 y NO a la aprobación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
La Ley de Tierras N° 26.737 vigente desde 2011 limita la extranjerización de la tierra y pone límites a los capitales extranjeros, y este gobierno pretende derogarla mediante la actual reforma legislativa, aún cuando quiso imponer tal derogación mediante el DNU 70/2023 que fue objetado por la Justicia dada su inconstitucionalidad.
Debido a la manifiesta situación de desprotección y entrega territorial que promueve el Gobierno nacional de forma sistemática mediante los proyectos de Ley recientemente presentados y aprobados en el Congreso (siendo el Poder Legislativo el representante y garante de la voz y de los derechos del pueblo en relación con los marcos legales que afectan al conjunto de nuestro país y de la ciudadanía), solicitamos a los Senadores de todas las provincias votar en contra de dicho proyecto, ya que el mismo privilegia la primacía del derecho privado -al correr el límite máximo de posesión extranjera del territorio nacional- por sobre la autodeterminación de nuestros pueblos soberanos, entregando además el control y la protección territorial integral de los bienes comunes de la nación, las zonas naturales protegidas y las tierras comunitarias.
En nombre de la propiedad privada, el proyecto avanza en debilitar los límites a la extranjerización de la tierra, profundizando un modelo de mercantilización, concentración y despojo. Si la ley se aprueba, mediante la eliminación de límites y controles sobre grandes extensiones, tierras rurales, zonas de frontera que incluyen montañas, ríos y lagos, territorios indígenas y reservas protegidas que son facilitadas para ser vendidas a capitales extranjeros y a grandes capitales, se avanza en la pérdida de protección nacional e interjurisdiccional por parte del Estado sobre nuestros territorios, facilitándose el extractivismo, los desalojos, la pérdida de soberanía (incluyendo la soberanía alimentaria y sobre los sistemas de producción y organización cultural y territorial comunitaria en el trabajo y las formas de vida campesinas, rurales e indígenas, rururbanas, urbanas); y, por ende, vulnerándose el derecho a la tierra, el acceso al suelo y el derecho a la vivienda. Por otro lado, se promueve el debilitamiento de la Ley de manejo del fuego (al flexibilizarse las restricciones y prohibiciones sobre zonas y tierras incendiadas, las cuales pasan a ser objeto de especulación económica, poniéndose en riesgo miles de hectáreas de bosques a lo largo de todo el país) y se debilitan los controles en zonas limítrofes estratégicas, por ejemplo en zonas de frontera, cruces limítrofes, zonas de ríos y lagos, montañas y caminos públicos; generándose situaciones estructurales e irreversibles causantes de sobrevulneración, anomia, desprotección jurídica y territorial, daño socio-ambiental y desigualdad.
¡No entreguen nuestro territorio y nuestros bienes comunes! Sin ambiente no hay vida. Sin nación y sin pueblo no hay soberanía.
