El 5 de octubre, el Honorable Consejo Directivo de la FFyH expresó su profunda preocupación ante la emergencia que atraviesa el sector de la discapacidad en nuestro país y manifestó su apoyo a las personas con discapacidad, sus familias, prestadores, organizaciones y colectivos en la exigencia del cumplimiento efectivo de sus derechos.
En aquella declaración, el Consejo Directivo señaló los problemas institucionales y presupuestarios que atraviesan el Sistema de Protección Integral y el marco prestacional vigente, así como el desfinanciamiento y la falta de actualización de los aranceles que afectan a prestadores, terapeutas y transportistas.
En ese marco, reclamó la prórroga y el cumplimiento integral y efectivo de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y demandó al Gobierno nacional la apertura de un diálogo real y vinculante con los colectivos de personas con discapacidad.
Asimismo, junto con el Programa de Escucha y Acompañamiento a las Trayectorias Estudiantiles, dependiente de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, la FFyH exigió:
- El cumplimiento pleno de la Ley 27.793 sin que cada derecho reconocido deba pasar previamente por un tribunal.
- Un Nomenclador Único Nacional actualizado que cubra los costos reales de los servicios terapéuticos y educativos.
- Garantías sobre las Pensiones No Contributivas.
- La entrega inmediata de insumos, prótesis y medicamentos complejos.
- Financiamiento sostenido del transporte adaptado.
- La consulta vinculante a los colectivos de personas con discapacidad ante cualquier reforma normativa que afecte sus derechos.
La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad declaró la emergencia en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Sin embargo, recién empezó a formalizarse después de que la Justicia ordenara que el Estado no puede condicionar derechos constitucionales a la «disponibilidad presupuestaria». Esa frase, aunque es de carácter técnico, tiene un correlato muy concreto en la vida de miles de familias que tuvieron que judicializar tratamientos para poder acceder a ellos.
En estas últimas semanas la situación continuó siendo motivo de preocupación y debate público. El 22 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de régimen permanente para el sistema de discapacidad, que mantiene aspectos centrales de la ley vigente, como las pensiones no contributivas, la actualización de los aranceles y la compatibilidad entre pensión y empleo registrado, bajo determinadas condiciones. La iniciativa fue girada al Senado, donde aún debe ser debatida y aprobada para convertirse en ley. En este contexto, seguimos en alerta porque la crisis del sector continúa, porque no hay respuestas concretas frente a demandas urgentes y porque el Presupuesto 2027 no garantiza los recursos necesarios para el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.
