Editorial

Chile: el fracaso de las recetas neoliberales en educación*


 Por Dr. Juan Pablo Abratte
Profesor Adjunto de Historia de la Educación Argentina (FFyH-UNC), Director del Programa de Planificación e Innovación Académica (SAA-UNC).

 

La política educativa chilena ha venido orientándose en las últimas tres décadas, por principios de corte neoliberal: la descentralización del sistema educativo (transferencia del sostenimiento y regulación de la educación a los municipios); la privatización del sistema escolar y el subsidio a la demanda (por el cual el Estado subsidia a las instituciones educativas públicas y privadas en función de la cantidad de alumnos que componen la matricula de cada establecimiento y/o mediante créditos directos a los estudiantes o sus familias) han sido componentes de las reformas educativas chilenas; tendencias que intentaron generalizarse en el cono sur desde mediados de los ’70 con los gobiernos de facto y se profundizaron en los ’90, con la emergencia del neoliberalismo como discurso hegemónico.

Si en Argentina, la forma en que se realizó la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias, iniciada en 1978 por el gobierno militar y completada en la década del ’90, profundizó las desigualdades regionales y contribuyó a la conformación de un sistema educativo altamente fragmentado, en el caso chileno esta política fue acompañada por recetas que en nuestro país no lograron implementarse de modo generalizado. A fines de la década del ’90 y principios de la del 2000, ante la crisis del Estado como eje estructurante del orden social, se ensayaron en la Argentina fórmulas orientadas al subsidio a la demanda educativa, legitimadas desde un discurso que asociaba la mejora de la calidad y la equidad con la competitividad, la meritocracia y la responsabilidad de los individuos y las familias, como contrapartida de la desresponsabilización estatal por la educación.

Una fórmula que de haber sido implementada, hubiera representado sin dudas el fin de la escuela pública y del imaginario democrático construido en torno ella desde los orígenes del sistema educativo argentino.

En Chile estas recetas neoliberales fueron aplicadas a rajatabla: la educación básica fue transferida a los municipios, desconociendo las condiciones que cada uno de ellos enfrentaba para asumir la responsabilidad de sostener el sistema, pero además se optó por un mecanismo de financiamiento de la oferta educativa por la cual las escuelas tuvieron que competir por la matricula -para poder acceder a recursos estatales- y las familias endeudarse mediante créditos de muy alto costo para que sus hijos reciban educación. Como un dato relevante, el sistema de educación superior en Chile se sostiene en un 70% de los aportes de los propios estudiantes. Por otra parte, las supuestas bondades de la “libre” elección de las instituciones por parte de las familias y los estudiantes, en función del acceso a dichos recursos y a sistemas de evaluación de la calidad tendientes a “transparentar” los resultados de la escolaridad, evidencian sus limitaciones en una sociedad crecientemente polarizada, en la que la posibilidad de acceder a los bienes culturales se encuentra distribuida de modo profundamente desigual.

Las políticas de la Concertación, intentaron desde la recuperación democrática, revertir en parte estos efectos de segmentación del sistema educativo chileno, promoviendo acciones focalizadas, orientadas por el principio de discriminación positiva -tendiente a asignar recursos públicos a los sectores más desfavorecidos- aunque sin modificar estructuralmente el sistema. Al igual que en nuestro país, estas acciones no mostraron eficacia para revertir una situación de profunda desigualdad.

En el caso de la educación universitaria el problema es más profundo aún, en la medida en que la Universidad Pública fue “descentralizada” mediante un proceso de regionalización que profundizó las diferencias de calidad y paralelamente se impulsó un crecimiento de la oferta privada con niveles de altísimo costo económico y escasa calidad académica.
La crisis educacional chilena, que en estos días ha alcanzado dimensiones que exceden el conflicto educativo, cuestionando el modelo económico, político y social nos interpela respecto a las recetas neoliberales que hace casi una década se presentaban como alternativas para la región. Fortalecer la educación pública, orientar las políticas hacia su universalización, garantizar el derecho a la educación como bien público y no como bien de consumo, concebir al Estado como garante efectivo de ese derecho, no es sólo favorecer la inclusión de sectores sociales crecientemente excluidos del acceso a bienes materiales y simbólicos, es fundamentalmente contrarrestar desde la esfera política la creciente fragmentación social y cultural, e imaginar presentes y futuros colectivos más esperanzadores para la sociedad en su conjunto.

* Columna publicada en el suplemento universitario del diario La Mañana de Córdoba, el día jueves 11 de agosto de 2011: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=65084  

 

 

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