“La mercantilización de la educación es un fenómeno mundial”

Economista y profesor universitario, Eduardo González Olguín conversó con Alfilo sobre el conflicto universitario. Trazó un recorrido del presupuesto de la educación desde 2001 a la fecha y explicó porqué las grandes empresas y fundaciones quieren insertarse en un servicio que continúa en manos del estado y que, en el caso argentino, significa el 8% del PBI. “Son 58 mil millones de dólares, un nicho muy grande”.

El conflicto salarial y presupuestario que paralizó durante un mes y medio las clases en las 57 universidades nacionales –y que seguirá latente mientras el Congreso discuta el Presupuesto 2019- hay que mirarlo en perspectiva y no como un fenómeno nacional, solamente.

Luego de una década de crecimiento e inversión educativa después de la salida de la convertibilidad, la educación pública tuvo un fuerte incremento presupuestario a partir de 2004, que terminó de consagrarse como política de Estado en 2006, cuando se aprobó la nueva Ley de Financiamiento Educativo que elevó a a 6% del PBI la inversión en educación.

Y aunque la curva ascendente se aplanó entre 2011 y 2015, con el cambio de gobierno en diciembre de ese año se modificó la tendencia y empezó a ser negativa a partir de 2016. Los ajustes que la gestión de Cambiemos negocia con el FMI para acceder a financiamiento externo, profundizaron los recortes, que este año fueron de 1000 millones de pesos en las universidades, con una oferta salarial que estará entre 15 y 20 puntos por debajo de la inflación asumida por el propio gobierno.

Para analizar los números que van desde el estallido de 2001 hasta agosto pasado, conversamos con el profesor Eduardo González Olguín, coordinador de Historia Económica y Social en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, y profesor en el Seminario Economía y Educación. de la Escuela de Ciencias de la Educación de la FFyH: “En una serie que va de 2001 a hoy, vemos que el presupuesto en educación nacional tuvo una caída muy grande hasta 2003, y luego una recuperación. Ahí se produce un un cambio en la política, el Estado asume otro rol, empieza a regular y hay una mayor necesidad de presupuesto, que crece mucho a partir de 2004”.

Según González Olguín, crece mucho el presupuesto en general, “pero más el presupuesto en educación. También el de las universidades nacionales”. Lo curioso es que los números de la UNC no siguen la misma tendencia. “Llama la atención. Tiene una pequeño crecimiento, pero en general en todos esos años de crecimiento el de nuestra universidad está como aplanado”.

El cambio negativo se da a partir de 2015, cuando asume Mauricio Macri. “Baja mucho en 2016, vuelve a crecer un poco en 2017, posiblemente por las elecciones, y en 2018 vuelve a mostrar una tendencia a la caída”. De ahí la multitudinaria movilización del miércoles 22 de agosto, cuando 100 mil personas salieron a la calle en Córdoba y otras ciudades del país para defender la universidad pública. No es para menos: el 78% de la matrícula universitaria está cubierta por las instituciones estatales.

Como parte de las actividades en defensa de la educación pública realizadas en la Facultad, González Olguin dio la charla-taller “El presupuesto universitario en la era macrista”.

Salarios de pobreza

El otro dato preocupante es el salarial, que representa el 90% del gasto universitario total. Según Conadu, entre diciembre de 2015 y agosto pasado, el salario docente había perdido entre un 15 y un 20% de poder adquisitivo, y esto sin contar la última devaluación del 30 de agosto, ni la inflación con la que se terminará 2018 (entre 40 y 45%) cuando las paritarias cerraron entre un 24 y un 26%.

“La idea del gobierno es que el Estado debe achicarse, bajar el porcentaje destinado a educación en el presupuesto. La discusión de fondo es si la educación es una mercancía o un derecho”, asegura González Olguín, que completa su idea: “Este conflicto universitario es un fenómeno mundial, en todos los países se está tratando de mercantilizar la educación. Aparecen empresas que quieren meterse en el tema educativo, como el Banco Santander, Microsoft, Google, o instituciones como el Banco Mundial, el FMI, que comienzan a dar consejos sobre la educación”.

El economista y profesor universitario advierte que una de las formas de esa penetración es a través de de las pruebas PISA, “que son pruebas que valoran el conocimiento instrumental. Que no tienen la capacidad de pensar modelos alternativos al orden económico establecido. Lo paradójico es que n todos los países del mundo a los estudiantes no le dan bien las pruebas PISA”.

La otra manera de influir desde el ámbito privado es con empresas o fundaciones que comienzan a opinar sobre planes de estudio, currículas y las políticas educativas. “Una institución muy importante se llama Teach For All, que es norteamericana y tiene subsidiarias en todos los estados. En la Argentina su representante es Esteban Bullrich. Cómo será la influencia que pusieron a un ministro nacional”.

Un negocio multimillonario

La presión del sector privado para ampliar sus negocios tiene una explicación sencilla desde el punto de vista capitalista: la educación es uno de los pocos servicios que sigue en manos del Estado en el mundo, y sólo en Argentina representa el 8% del PBI. “En generación de valor tiene la misma importancia que el sector agrario: alrededor de 58 mil millones de dólares. Evidentemente hay muchas empresas que tienen ganas de entrar en el semejante nicho”, resalta González Olguín.

Presupuesto ajustado

En el Presupuesto 2019 que se discute en el Congreso, lo destinado a educación universitaria son 143 mil millones de pesos, 37 mil más que el de 2018, que significa un aumento cercano al 33% en relación al aprobado –aunque no ejecutado- presupuesto de este año.

Si se tiene en cuenta que la inflación para este año estará entre el 42 y el 45%, el salario docente va a perder alrededor del 20% este año, que implica comenzar el año que viene con un arrastre de pérdida de poder adquisitivo de los salarios muy importante, que no sería cubierto con el aumento que el gobierno busca aprobar en el Parlamento, ya que la inflación promedio estimada para 2019 está en el orden del 32%.

Entrevista y texto: Camilo Ratti
Cámaras, sonido y edición: Maximiliano Broggi,
Francisco Palomeque y Lisandro Civarolo.