Las autoridades y equipo de Gestión de la Facultad de Filosofía y Humanidades (Universidad Nacional de Córdoba) denunciamos y repudiamos la intervención represiva de la policía peruana y el consecuente desalojo de estudiantes y manifestantes ocurrida el último sábado 21 de enero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, en el marco de las extendidas protestas populares contra el gobierno de Dina Boluarte.
Ante la reciente liberación de lxs detenidxs en un operativo calificado como ilegal por organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, exigimos el cese de las detenciones y de toda acción represiva, dado que en el accionar policial no se han observado normas básicas de respeto a los derechos constitucionales de los individuos.
Condenamos enérgicamente el accionar de las fuerzas policiales, cuyo despliegue se realizó con violencia, maltratos, amenazas, insultos racistas, vejaciones, contra lxs aproximadamente 200 detenidxs, entre estudiantes y manifestantes del interior del Perú, alojadxs en la Universidad.
Las imágenes del operativo que muestran a las fuerzas represivas accediendo violentamente al predio de la Universidad, con tanqueta incluida derribando el portón de entrada, y son expresión de los mecanismos más autoritarios y dictatoriales de la historia de los Estados latinoamericanos.
Como parte de la universidad pública argentina y latinoamericana, reivindicamos la autonomía universitaria y la solidaridad y compromiso de lxs estudiantes y la comunidad universitaria en general con las luchas sociales y políticas, y con la defensa de la democracia y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
El Estado de Emergencia decretado por las actualidades autoridades peruanas funciona de hecho como una situación dictatorial o de facto, al habilitar la suspensión de los derechos constitucionales y practicar las políticas de represión y censura de la expresión popular que han dejado como resultado más de 50 asesinatos de ciudadanos y ciudadanas, y cientos de heridos por parte de a fuerzas de seguridad en todo el territorio peruano.
Exhortamos a la Universidades públicas de Argentina y Latinoamérica y a los Organismos Internacionales Multilaterales y de DDHH, a repudiar los hechos ocurridos y exigir la plena vigencia de los derechos constitucionales y democráticos, entre ellos el derecho a la protesta, del Pueblo Peruano.
