Bajo la consigna “La memoria está en la calle porque la memoria es acción”, el Consejo Directivo aprobó una Resolución que invita a participar de la movilización y acompañar todas las actividades y convocatorias producidas en diversos ámbitos universitarios y sociales. También hizo propio el reclamo de lxs trabajadorxs de los Espacios de Memoria, que protestan por la flexibilización laboral y el vaciamiento de las políticas públicas.
Después de dos años de no poder manifestarse en la calle por la situación sanitaria generada por la pandemia, todas las energías de una nueva conmemoración del golpe cívico-militar-eclesiástico del 24 de marzo de 1976 están puestas en el encuentro callejero, porque el espacio público fue y es lo que le da sentido y potencia a una fecha tan significativa para la historia argentina. “La memoria está en la calle porque la memoria es acción” es la consigna de este año, y con esa premisa el Consejo Directivo hizo propia la convocatoria de organismos y el Programa de Derechos Humanos de la Facultad para invitar “a docentes, estudiantes, nodocentes y egresados/as de la Facultad, así como a la comunidad cordobesa toda, a participar de la Marcha convocada el próximo 24 de Marzo, a las 17 horas, desde la intersección de Avenida Colón y Cañada, así como a todas las actividades y diversas convocatorias producidas en el ámbito de la Facultad, la Universidad y la Ciudad de Córdoba, con igual objetivo”.
En una coyuntura económica y social difícil, la Resolución se pregunta sobre la importancia de “para qué y para quiénes construir Memorias”, porque exigir Verdad y Justicia es una tarea “conflictiva y a la vez imprescindible. El marco de excepcionalidad vivido luego de la declaración de la pandemia y los desafíos sobre cómo defender derechos conquistados fueron inimaginables. La cuarentena profundizó las diferencias sociales mostrando las desigualdades respecto a quienes acceden a determinados bienes y quiénes no”.
De fuerte contenido político, el texto advierte que “este modelo de exclusión donde existen “ganadores” y “perdedores”, es parte de un sistema desigual, con un modelo político articulado desde sectores que desde hace años pretenden manejar el futuro de nuestro país. La dictadura cívico eclesiástica y militar fue parte de ese entramado donde lo que se pretendió fue saquear, robar, asesinar y desaparecer a activistas políticos para instaurar un modelo de exclusión que sólo beneficia a unos pocos y al día de hoy seguimos sufriendo”.
De todas maneras, lo aprobado destaca que “el tiempo presente nos muestra los modos heredados de la exclusión, como así también nos devuelve lo mejor de nosotros. En estos dos años las redes de solidaridad fueron indispensables. El trabajo articulado entre el estado, las instituciones y las organizaciones sociales fueron la clave para dar respuestas a todo lo que atravesamos. La construcción de lazos comunitarios tampoco es producto solamente de esta coyuntura, sino que es parte de una tradición de lucha y construcción de vínculos solidarios, donde Abuelas, Madres, Familiares, Sobrevivientes, Ex Presos y Presas por Razones Políticas, Hijos e hijas son protagonistas”.
Valorando todo el camino recorrido por la sociedad argentina en la defensa de los derechos humanos, y ante nuevos y viejos discursos que pretenden negar o relativizar el Terror de Estado, el Consejo Directivo señaló que “sabemos que las relaciones entre el presente y el pasado no son lineales, dependen entre otras cuestiones de las operaciones de memorias que hagamos en este tiempo vivido, que ningún territorio -ni época- es igual a otro y aunque a muchos les pese, nuestra sociedad tiene un distintivo respecto a otros países de la región y del mundo”. Así, señala que “mientras que la mayoría de los discursos pretenden desvincular el pasado de lo que vivimos en nuestro presente y las proyecciones hacia el futuro, aquí afirmamos que no es posible sabernos sujetxs sociales sin reflexionar sobre nuestro pasado reciente. Las 30 mil historias de persecución, asesinatos, desaparición, resistencias y luchas; las exigencias por no olvidar, castigar a los culpables, buscar los cuerpos desaparecidos, conquistar ex centros clandestinos, buscar nietos apropiados al día de hoy, son exigencias tenaces que nos vinculan a un pasado cercano, vivo, inevitablemente actual”.
Con el objetivo de “amplificar agendas, exigencias, alianzas y estrategias”, la Declaración hace mención a la desaparición de Tehuel De La Torre, un joven trans, buscado por su familia y toda la comunidad LGBTINB+, que exigen “saber la verdad y que los procesos judiciales estén acordes a su búsqueda, lo que tensiona y nos devuelve una imagen incompleta sobre determinadas sentencias”.
En este vínculo entre pasado y presente, la invitación de la Facultad es “a profundizar el compromiso por Memoria, Verdad y Justicia, resignificando y actualizando banderas que nutrieron a nuestra sociedad de la mejor tradición democrática, porque en las aulas, en las calles y en cada organización la memoria es acción”.
Solidaridad con los Espacios de Memoria
Además de la convocatoria a la marcha y las múltiples actividades que se realizan en la Semana de la Memoria en ámbitos universitarios y sociales, el Consejo aprobó otra Declaración que hace propio en todos sus términos lo reclamado en el comunicado “Los Espacios para la Memoria se sostienen por el compromiso de las y los trabajadores”, elaborado por trabajadores/as de Espacios para la Memoria de Córdoba.
En ese pronunciamiento, lxs trabajadorxs públicxs de la Provincia señalan que están transitando momentos sumamente críticos, “atribuyendo la actual situación al reflejo de políticas de flexibilización del gobierno provincial que apuntan certeramente al vaciamiento de ciertos sectores del Estado en Córdoba”.
“Los Espacios para la Memoria de Córdoba no son ajenos a esa realidad, ya que desde hace años son testigos del constante deterioro de las políticas públicas de Memoria y Derechos Humanos en la Provincia. Desde 2012, los Espacios de Memoria han perdido más de 30 cargos, esto no sólo impide la planificación del proyecto de trabajo y el normal desarrollo de sus tareas, sino que convierte a las y los trabajadores en “multitareas” en intento de sostener el proyecto institucional por el que trabajaron quince años con amor y compromiso”.
Como expresión de esa flexibilización, destacan no tener “orgánica ni carrera administrativa, con sueldos bajo la canasta básica, con contratos basura y compañeros y compañeras precarizados en la figura del monotributo”. De ahí que hayan decidido que cada actividad por la Memoria sea un espacio de visibilización de sus reclamos. Tomando esos reclamos, la Declaración del HCD sostiene: “Si las Políticas de Memoria dependen de las y los trabajadores, aquí están para defenderlas para todos y todas los cordobeses y cordobesas, y por eso piden respuestas urgentes a los responsables de darlas, para que estas instituciones sigan siendo de referencia nacional e internacional, para que sigan enorgulleciendo a nuestra Córdoba y especialmente, porque la existencia de estos Espacios de Memoria, recuperados gracias a la lucha de los organismos de DDHH, son fundamentales para la consolidación de las políticas públicas de Memoria y el fortalecimiento del ideario democrático en nuestra provincia. Un Estado sin derechos, es un Estado sin memoria”.
