La Facultad de Filosofía y Humanidades manifiesta su preocupación por los graves hechos de público conocimiento iniciados el lunes 6 de abril en el Complejo Carcelario N°1 Padre Francisco Luchesse, en Bouwer.
Las condiciones en las que se cumple la pena privativa de libertad se han visto agravadas en el marco de la pandemia mundial por el Covid-19. En este escenario de tensión creciente, las protestas de personas privadas de su libertad se vuelven recurrentes frente a la falta de respuesta a los reclamos realizados, algunos de larga data.
Desde el comienzo de la crisis sanitaria, personas con problemas respiratorios, VIH , mayores de 60 años, madres que conviven con sus hijxs en prisión, y personas gestantes -todas ellas incluidas en los grupos de riesgo tipificados según la Organización Mundial de la Salud- han formulado diversas presentaciones ante las autoridades judiciales de Córdoba a los fines de obtener el cese de las prisiones preventivas, libertad asistida, condicional o prisión domiciliaria. Hasta el momento sólo se ha resuelto favorablemente el 1% de ellas.
En los últimos 20 años, la FFyH ha trabajado ininterrumpidamente la temática carcelaria, en particular la educación en contextos de encierro. En múltiples ámbitos, se pensó y actuó colectivamente con instituciones, organizaciones y organismos para denunciar cuando fue necesario, pero también para construir propuestas que permitieran contribuir a mitigar los efectos del encierro en pos de los derechos humanos, y en particular el derecho a la educación.
Es por ello que en esta coyuntura la Facultad viene trabajando en cuatro ejes fundamentales. En primer lugar se ha puesto a disposición para colaborar con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba con el fin de minimizar los efectos que genera el aislamiento preventivo y obligatorio en un ámbito carcelario. Asimismo, viene realizando un trabajo articulado con otras universidades públicas en el marco de la Mesa Interuniversitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro. En tercer lugar, la FFyH adhirió al Hábeas Corpus Correctivo de carácter colectivo en conjunto con organizaciones sociales y espacios de trabajo por los Derechos Humanos. Y por último, está articulando con docentes de la Facultad y el Servicio Penitenciario para dar continuidad, en la medida de lo posible, a las actividades académicas y garantizar así el derecho a la educación incluso en este contexto.
Consideramos imperativo el trabajo articulado de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo con organizaciones e instituciones de larga trayectoria en temas carcelarios, para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos dentro de las cárceles y hacer que esta crisis sanitaria no sea un castigo extra que se incorpora a las penas que se cumplen en prisión.
Fotografía: La tinta
