Las autoridades y comunidad de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC expresan su más enérgico repudio a la sanción judicial sufrida por una profesora egresada de nuestra casa, Ana Contreras, por lo expuesto en la clase a su cargo en un colegio secundario de General Pico, respecto de la problemática de los derechos humanos y del derecho internacional en la crisis humanitaria en Palestina.
El pasado 9 de abril, el juez Maximiliano Boga Doyhenard, del Juzgado contravencional de la Segunda Circunscripción Judicial de General Pico, de La Pampa, dictó una sentencia inédita y alarmante: la docente Ana Cecilia Contreras fue multada con casi un millón de pesos y sancionada penalmente por abordar en el aula, en clase de “Cultura y ciudadanía”, saberes sobre Derechos Humanos y Terrorismo de Estado en Argentina, que derivaron en una discusión sobre la ocupación israelí trabajada desde el marco del derecho internacional humanitario. La defensa de la docente presentará la apelación en los próximos días, por lo que la difusión del caso y el posicionamiento de repudio a la condena y de apoyo colectivo resultan esenciales.
Ana Contreras es Profesora de Filosofía egresada de la FFyH. Como estudiante participó activamente de la vida universitaria y de distintas instancias académicas, políticas y de gestión. Hace ya varios años volvió a su provincia natal, La Pampa, para ejercer la tarea docente en el nivel medio y en el superior, y también como programadora de cine (dirige el Festival de Cine de General Pico). Como cualquier egresada de esta Facultad, aspira a ejercer su profesión sin riesgos ni amenazas, y a promover el pensamiento y el intercambio plural y crítico de miradas y opiniones. Sin embargo, el clima actual de clausura ideológica y de persecución política hace que algo tan simple y evidente no pueda darse por descontado, y que responsables de la administración de la justicia se vean habilitados a usar el poder del Estado para sancionar el pensamiento.
La figura utilizada para imponer esta pena fue la de “maltrato psicológico”, una herramienta legal creada para proteger a víctimas en situaciones de abuso o dependencia, ahora desvirtuada para censurar contenidos curriculares y debates fundamentales en el ámbito educativo. Esta reinterpretación abre un precedente gravísimo: cualquier contenido sensible o controversial podría ser judicializado, atentando directamente contra la libertad de cátedra y contra una formación ciudadana crítica. Un derecho que no asiste solo a la docente, sino fundamentalmente a lxs alumnxs, y que es la única garantía de una educación en libertad.
La condena a Ana no es un caso aislado -como demuestra el reciente revuelo por el procesamiento de la diputada Vanina Biasi- sino manifestación de un problema más profundo, que sitúa al genocidio en Gaza como síntoma estructural de nuestra época, y del lugar del ascenso de las ultraderechas en ella. Además de todos los perjuicios subjetivos, laborales y profesionales que le implican a la denunciada, esta decisión judicial envía un alarmante mensaje colectivo al sistema educativo, según el cual el ejercicio de la enseñanza crítica podría convertirse, en la práctica, en un acto punible.
El denunciante, padre de dos alumnas, ya había intentado impedir previamente contenidos de Educación Sexual Integral (ESI), pese a que estos están garantizados por la Ley Nacional 26.150. Este patrón de denuncias revela una estrategia sostenida: usar el sistema judicial para imponer una agenda ideológica en las escuelas, vulnerando tanto la libertad docente como el marco normativo vigente que concibe que los alumnos son sujetos de derechos, y no propiedad de sus progenitores.
La educación pública no puede quedar a merced de la censura ni de intereses particulares que desvirtúan los valores democráticos. Esta sentencia contradice los principios consagrados en la Constitución Nacional, así como tratados internacionales que garantizan la libertad de expresión, de pensamiento y de enseñanza.
Invitamos a toda la comunidad a interiorizarse en el caso y a repudiar la naturalización de la persecución ideológica y la criminalización del ejercicio docente y de la libertad de enseñanza. Exigimos la absolución de la Profesora Ana Contreras.
