La existencia de elementos de tortura encontrados en la cárcel de San Martín luego de la inspección del Fiscal Abel Córdoba, a cargo de la Unidad Fiscal contra la Violencia Institucional, dependiente de la Procuración General de la Nación, fue repudiada por el Consejo Directivo de esta Facultad, quien solicitó una investigación para esclarecer hechos y prácticas violatorias de los derechos humanos. (15/05/2013)
Como otros actores sociales y políticos que se pronunciaron al respecto, el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades aprobó el pasado 13 de mayo, una declaración que además de repudiar los hechos públicamente encontrados en la penitenciaría de San Martín, exige que se lleve adelante una investigación para esclarecer prácticas y situaciones que son violatorias de los derechos humanos.
El texto del HCD se refiere a los elementos encontrados luego de la inspección que realizara de manera sorpresiva el Fiscal Abel Córdoba, a cargo de la Unidad Fiscal contra la Violencia Institucional, dependiente de la Procuración General de la Nación: "Se comprobó la existencia, en el hospital del penal, de dos camastros de hierro y diecisiete cadenas de unos setenta centímetros cada una, elementos que- según denunciaron varios de los allí detenidos- eran utilizados por los guardias "para estaquear a los internos cada vez que hacían algún reclamo por las condiciones de detención o por los malos tratos que recibían durante las requisas” y en las cuales, además, eran sedados para su “contención”.
Como bien lo señala la declaración, “estos instrumentos de sujeción y tortura fueron suprimidos hace ya 200 años por la asamblea Constituyente y Soberana del año XIII, y dichos elementos y prácticas narradas por las personas alojadas en el penal constituyen claras violaciones a los Derechos Humanos”.
En el artículo 2 del texto, el Consejo propone “rechazar categóricamente las declaraciones de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba en relación a los hechos descriptos”, quien en lugar de investigar lo encontrado por el fiscal Córdoba, lo denunció penalmente por haber ingresado “en forma irregular al penal”, según declaró a los medios de prensa la ministra Graciela Chayep.
También, la declaración hace hincapié en el trabajo que desde hace trece años la Facultad viene desarrollando en el Servicio Penitenciario a través del Programa Universitario en la Cárcel, y que tienen que ver con los hechos denunciados: “El PUC recibió denuncias en 2012, que fueron elevadas al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, sobre malos tratos y torturas durante traslados de estudiantes de cárceles del interior de la Provincia al penal de Barrio San Martín, en instancias destinadas a clases o exámenes en el Aula Universitaria”.
En función de ese compromiso con la educación pública en los Centros Penitenciaros de Córdoba, reclama "la urgente investigación de las denuncias a violaciones a los Derechos Humanos en la cárcel de San Martín y en todos los establecimientos en donde se alojen ciudadanos privados de su libertad”.
Por último, la FFyH repudia la actitud de las Autoridades que impidieron el ingreso del equipo de la Unidad Fiscal contra la Violencia Institucional a la cárcel de San Martín, y recuerda que la Ley 26.811 instituye el 8 de mayo como el “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional”, fecha que se conmemorará todos los años en repudio a las violaciones a los Derechos Humados cometidas por las fuerzas de seguridad. Precisamente, dicha normativa insta a la “adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los Derechos Humanos”, y propende a “la concepción democrática de la seguridad respetando la plena vigencia de los Derechos Humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad”.
