Las autoridades y el equipo de gestión de la FFyH junto a les integrantes del Honorable Consejo Directivo y el Archivo Provincial de la Memoria, manifestamos públicamente nuestra preocupación respecto a las políticas adoptadas por el gobierno nacional en los archivos del Ministerio de Defensa.
Las decisiones del Ministro de Defensa de Argentina Luis Petri interrumpen el acceso de personal civil especializado para el relevamiento y análisis de documentación militar relacionada con violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar. La baja de contratos de archivistas, investigadores y otros integrantes de los equipos para el relevamiento y análisis de la documentación oficial y la anulación de las resoluciones 308/2010, 1573/2023 y 1131/2015 para la implementación efectiva del Sistema de Archivos de la Defensa Argentina, representan un claro retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Repudiamos el anuncio de la derogación de las resoluciones 308/2010 y 1573/2023 que instituyen esa política y la resolución 1131/2015 que reglamenta el Sistema de Archivos de la Defensa. Con estas decisiones, las autoridades del Ministerio de Defensa desmantelaron el Equipo de Relevamiento y Análisis Documental (EryA) que funcionaba desde el año 2010. Por otra parte denunciamos las palabras del Ministro Petri quien denunció a investigadores y archivistas de “un grupo parajudicial de persecución a las Fuerzas Armadas’
La gravedad de estos hechos se fundamenta en el rol esencial de los Archivos de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa en el avance de políticas de justicia y reparación. A lo largo de estos años no sólo se encontró documentación militar de más de 200 años sino que a partir de esas resoluciones se logró preservar documentos correspondientes a la última dictadura cívico-militar, los cuales sirvieron como pruebas documentales en juicios por delitos de lesa humanidad.
Del mismo modo, nos sumamos al comunicado del Consejo Internacional de Archivos (ICA), donde se expresa su profunda preocupación por las medidas adoptadas por las autoridades del Ministerio de Defensa de Argentina y a través de su comunicado difundido en la comunidad internacional demandan:
- El mantenimiento de los contratos de archivistas, investigadores y otros integrantes de los equipos para el relevamiento y análisis de la documentación oficial
- El mantenimiento de las resoluciones 308/2010, 1573/2023 y 1131/2015 y la continuidad e implementación efectiva del Sistema de Archivos de la Defensa
- La continuación de las políticas públicas archivísticas destinadas a reforzar el papel de los archivos públicos como herramientas esenciales para conocer la verdad y para sustentar los derechos ciudadanos.
