A nueve años del asesinato de los militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el Consejo Directivo de la FFyH, en la sesión del 4 de julio, emitió una declaración en la que repudia “todo acto que implique continuar con la criminalización de la protesta social y el ejercicio de la violencia represiva contra cualquier ciudadano que ejerza su derecho a manifestarse”. También se exige el completo esclarecimiento de la muerte de Kosteki y Santillán y el juzgamiento de todos los responsables materiales, intelectuales y políticos.
El 26 de junio de 2002 se produjeron los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la llamada “Masacre de Avellaneda”. Los dos eran militantes de movimientos de trabajadores desocupados que participaban de una protesta pacífica en un corte del puente Pueyrredón. La represión se cometió en un operativo conjunto entre la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Nacional y la policía bonaerense.
Si bien se comprobó que el responsable material del hecho fue la Policía de la Provincia de Buenos Aires y algunos de sus miembros fueron condenados, estos crímenes aún permanecen impunes ya que los autores intelectuales y los principales responsables políticos todavía se encuentran en libertad.
Kosteki y Santillan, junto con otros compañeros, exigían un aumento de subsidios y la ejecución de los planes de trabajo.
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