En su sesión del 24 de julio, el Consejo Directivo de la FFyH repudió la expulsión de estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba ocurrida durante la dictadura cívico – militar entre 1976 y 1983, y exhortó al Consejo Superior de la UNC que se haga efectiva la nulidad de la resolución rectoral 521, del 20 de mayo de 1976, y la N° 241 de la Facultad de Filosofía y Humanidades, del 16 de junio de 1976. También se solicitó a la restitución de los legajos de estudiantes expulsados/as y se especifique su situación de detenida/os-desaparecida/os, para el caso que corresponda.
La solicitud fue elevada por el Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades y el Archivo Provincial de la Memoria ante el Honorable Consejo Directivo, para que se expida en relación a una demanda iniciada en el marco del mes de la Memoria, por la Verdad y Justicia por una ex estudiante de la UNC, víctima y testigo del Ex Centro Clandestino de Tortura y Exterminio “La Perla”, y que se solicite al Consejo Superior el repudio institucional a resoluciones por las cuales se expulsó a estudiantes de esta Universidad, por tratarse de decisiones institucionales que se alejan profundamente de los principios basales de la Reforma Universitaria, y que fueron dictadas por un gobierno que usurpó el poder de facto en el marco de un plan sistemático y generalizado contra la población civil, avasallando todas las garantías ciudadanas de la comunidad universitaria.
El 23 de marzo de 2023, Graciela Geuna, ex alumna de la Facultad de Derecho, militante social y política, ex detenida – desaparecida en el Ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio “La Perla” (cuyos testimonios desde 1980 fueron fundamentales para esclarecer el funcionamiento de la represión ilegal en “La Perla”, identificar y condenar a los perpetradores), acompañada de un grupo de docentes de la Facultad de Derecho y de los fiscales de la Megacausa “La Perla-La Ribera- D2”, Carlos Gonella y Facundo Trotta, presentaron una nota dirigida al Decano de la Facultad de Derecho, Guillermo Barrera Buteler, para solicitar el repudio institucional a la resolución n° 521, emitida el 20 de mayo de 1976 donde se expulsó a estudiantes de esta Universidad.
Esta resolución afectó directamente a Geuna, ya que está nombrada en la lista de estudiantes expulsados, junto a su compañero, Jorge Cazorla, asesinado el 10 de junio de 1976, cuyo cuerpo continúa desaparecido.
A través de la Resolución 2023-1-E-UNC-DEC#FD, el 14 de abril de 2023 el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Derecho se expidió y manifestó: “el enérgico rechazo a la práctica de expulsión de estudiantes sin respeto a las más elementales garantías constitucionales”. Luego de este reconocimiento institucional a la atrocidad cometida, Geuna solicitó además que el Honorable Consejo Superior se expida, no sólo en relación a la expulsión de los y las estudiantes de la Facultad de Derecho y las Facultades nombradas en la resolución n° 521, sino también por la medida de expulsión de las y los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Esta propuesta se suma a la presentada en 2020 al Consejo Superior por la FFyH junto con otras Facultades para rechazar “la designación como Profesores Eméritos de esta Universidad a personas que no puedan demostrar un inquebrantable compromiso democrático y una coherente trayectoria en defensa de los Derechos Humanos”, por la cual se rechazó la designación de José Luis Palazzo y Edmundo Barbará como Profesores Eméritos de la UNC, dos personas que fueron funcionarios durante la última dictadura cívico militar eclesiástica.
Sin dudas, estas medidas son avances de políticas institucionales reparatorias para las personas que sufrieron el terror de estado, modificando las condiciones que posibilitaron el ejercicio de la violencia de Estado contra grupos específicos. En ese sentido, Graciela Geuna indica que, después de 47 años de cometido ese acto injusto e ilegal, un pronunciamiento enérgico de la UNC contribuiría a la reparación simbólica de las y los expulsadas/os mediante el reconocimiento de la injusticia cometida y aportará a reafirmar la dignidad de las personas que sufrieron las políticas universitarias de la dictadura y su derecho a tener derechos.
Por ese motivo, el Programa de Derechos Humanos, con el apoyo del Archivo Provincial de la Memoria, y por pedido de Graciela Geuna, solicitó al Consejo Directivo de la FFyH que se expida en rechazo y repudio a la expulsión de todas y todos los y las estudiantes, y que inste al máximo órgano de decisión de la UNC para que se haga efectiva la nulidad de dichas resoluciones. Asimismo, recalcaron que es de suma importancia la solicitud de restitución de los legajos de las y los estudiantes expulsados/as y se especifique su situación de detenida/os-desaparecida/os, para el caso que corresponda.
La expulsión de estudiantes en la UNC
La resolución n° 521, emitida el 20 de mayo de 1976, está firmada por el Comodoro Oscar Juliá y el Comodoro Jorge Luis Pierrestegui, delegados militares interventores, y en ella se resolvió la expulsión de estudiantes de las distintas Facultades de la UNC por supuestas prácticas reñidas con el art° 7 de la ley 21.776, que prohibía el “adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación política, gremial docente, estudiantil y no docente”.
En su artículo 1, se nombran estudiantes de distintas Facultades y Escuelas: Escuela de Servicio Social; Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Facultad de Ingeniería; Facultad de Ciencias Médicas; Instituto de Matemáticas, Astronomía y Física; Facultad de Ciencias Químicas; Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano; Escuela de Ciencias de la Información; Instituto de Ciencias Agronómicas. En el artículo 2 se establece que se hará conocer esta resolución no sólo a las dependencias de la UNC, sino también a otras universidades del país, lo que impidió a estudiantes expulsados continuar sus estudios en otras instituciones.
Por otro lado, mediante la resolución n° 241, del 16 de junio de 1976, a través del expediente 12-77-0826, acatando la ordenanza 9/76, en donde se solicita la expulsión de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades. En este documento, se observa, en el artículo 1, la lista de estudiantes expulsados de distintas Escuelas y Departamentos de la Facultad de Filosofía y Humanidades: Escuela de Artes, Escuela de Historia, Escuela de Ciencias de la Educación; Escuela de Psicología; Escuela de Archiveros y Escuela de Filosofía.
Esta resolución fue firmada por el delegado militar Ricardo Romero, interventor de la Facultad en esa época. No está demás aclarar que las decisiones y opciones personales de los y las estudiantes que fueron expulsados fueron diversas: algunos sufrieron el exilio y el insilio, otros la desaparición y el asesinato, algunos no pudieron seguir estudiando, hubo quienes luego de recuperada la democracia lograron estudiar nuevamente, y otros y otras que el terror vivido en aquella época no les permitió acercarse nunca más a esta Casa de Estudios.
