El Consejo Directivo de la FFyH convoca a movilizarse el viernes 29 de septiembre a las 8 de la mañana para repudiar la criminalización de la protesta y acompañar el reclamo de suspensión del juicio y la absolución de lxs estudiantes que participaron de la toma del Pabellón Argentina en 2018, en el marco de masivas movilizaciones en todo el país en defensa de la educación pública y recortes presupuestarios del gobierno del ex presidente Mauricio Macri.
“La protesta es un derecho, la educación pública se defiende” sostiene la Declaración que el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades aprobará el lunes 25 de septiembre en apoyo a la lucha de lxs 27 estudiantes de la UNC, procesadxs por la justicia federal por la toma del Pabellón Argentina ocurrida en 2018 en el marco de masivas movilizaciones desarrolladas en distintos puntos del país en defensa de la educación pública y en contra de los recortes presupuestarios impulsados por el gobierno de Macri.
Por este motivo, desde el Consejo Directivo de la FFyH se convoca al conjunto de la comunidad educativa, organismos de derechos humanos, organizaciones gremiales y la población cordobesa toda, a acompañar la concentración el viernes 29 a las 8 hs en Tribunales Federales (Av. Concepción Arenal 690) para repudiar este juicio y su intento de amedrentar al movimiento estudiantil y criminalizar nuestro derecho a la protesta social.
Recordemos que en 2018 la Facultad de Filosofía y Humanidades fue parte de ese inmenso colectivo social que protagonizó y acompañó una gran lucha educativa, realizada en apoyo a la lucha salarial docente y en reclamo de aumento del presupuesto, con multitudinarias movilizaciones, asambleas y toma de Facultades. “La justicia federal, con el silencio cómplice del rectorado de la UNC de Juri y Yanzi, impulsó el procesamiento de 27 estudiantes por participar activamente de la misma, causa que generó un gran rechazo social por su carácter antidemocrático. El juicio a les estudiantes no es más que la criminalización de esa organización, del estudiantado y de nuestro derecho a la protesta”, señala el texto que se tratará en la sesión del lunes 25 de septiembre.
Para lxs consejerxs el movimiento de la causa no es inocente, puesto que a casi dos años de inacción vuelven a convocar a esta instancia con la intención de transmitir un mensaje de amedrentamiento y criminalización al movimiento estudiantil. Acción que se da en un contexto político en el que aparecen candidatos a Presidente que cuestionan la gratuidad y accesibilidad a la educación pública -en particular a la educación superior-, con un sistema de voucherización y privatización en todos los niveles que de avanzar pondrían en riesgo el ingreso, permanencia y egreso de millones de personas trabajadoras e hijes de trabajadores y sectores populares a la educación superior.
La convocatoria del Consejo Directivo se suma a la impulsada por las defensas de lxs estudiantes procesadxs, quienes emitieron un comunicado rechazando la realización de esta audiencia preliminar y exigiendo la absolución de lxs acusadxs: “Hoy la justicia intenta avanzar en este juicio llamando a una audiencia preliminar con la intención de mover la causa y continuar el amedrentamiento y criminalización del movimiento estudiantil que se organiza en defensa de la educación pública y laica, contra su privatización y mercantilización, exigiendo presupuesto para que ningún docente y no docente tenga salarios y condiciones de trabajo miserables y para que nadie se quede afuera de las universidades. En esta nueva instancia, se formalizará la justificación de una gran cantidad de pruebas aportada por el equipo de abogades defensores que, con contundencia, demuestran que las acciones de esos álgidos meses de 2018 nada tienen que ver con una usurpación ni despojo, sino con un largo proceso de disputas a los responsables políticos por la carestía en nuestras condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. Ya lo dijimos antes y lo seguiremos diciendo: ningún mecanismo de protesta social puede configurarse en delito, ya que esto implica despojarlo de todo contenido político y social”.
En otro párrafo, el comunicado sostiene que “la defensa de la educación pública gratuita laica y de calidad es una lucha que nos compete a todes como derecho fundamental para poder acceder a vidas más dignas, y más aún, el derecho a la protesta es clave en estos tiempos de avances de discursos reaccionarios y de derecha que cuestionan derechos y libertades democráticas”.
Poniendo en valor la construcción de una ciudadanía universitaria consciente y politizada que en el 2018 se movilizó para garantizar una educación más democrática que no dejara a nadie afuera, la FFyH afirma que es “indispensable que este juicio se suspenda, ya que el mismo implica un ataque que sentaría graves precedentes sin ningún tipo de fundamento a la educación pública y al conjunto de las protestas sociales. Se trata de una maniobra judicial que es profundamente política y antidemocrática. Sin ir más lejos, cuestiona el repertorio de estrategias de lucha histórica del estudiantado, como la misma Reforma Universitaria”.
