Directores, coordinadores y profesores de las carreras de Ciencias de la Educación de un conjunto importante de universidades públicas y la Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación, manifestaron su “preocupación” por el Operativo de Evaluación Aprender 2016 que impulsa el actual gobierno nacional, en el que "nuevamente se expone a estudiantes y docentes a ser evaluados con instrumentos tecnocráticos, estandarizados, de preguntas cerradas en formato múltiple choice”.
Entre las preocupaciones que dicho colectivo de educadores hace público sobre el operativo impulsado por el ministro de Educación Esteban Bullrich, está la que “desconoce el trabajo cotidiano realizado por miles de docentes que evalúan procesos de aprendizaje y que reflexionan permanentemente sobre el desarrollo de las propuestas pedagógicas”. Por eso, sostienen, “nos preocupa que se invisibilicen aprendizajes valiosos realizados por millones de niños, niñas y adolescentes en las aulas, en la escuela y en todas las actividades extracurriculares que cada institución propicia entre quienes la habitan día a día”.
En el mismo sentido crítico, advirtieron la “indiferencia sobre los aportes que profesionales de la educación, docentes, directivos y sindicatos puedan realizar en materia educativa, especialmente en relación con la controvertida cuestión de la ‘calidad educativa’, tan cara a nuestras tradiciones, historias y trayectorias escolares”. Además, apuntan duramente contra “evaluaciones que sólo admiten preguntas cerradas sin referencia a los procesos de aprender y de enseñar, a las condiciones en que ellos se desarrollan y a las múltiples experiencias valiosas que ocurren en la escuela. Evaluaciones centradas exclusivamente en los resultados como si aprender fuera una cuestión de estímulo-respuesta, medible por un ítem de prueba”.
En una dimensión más política, el colectivo afirma que “como profesionales de la educación nos preocupa ignorar el uso de esos resultados o, en su defecto, un uso que atente contra el derecho a la educación entendido como bien público y gratuito para todos y cada uno de los ciudadanos”, ya que “desde hace décadas luchamos para erradicar de las escuelas concepciones e instrumentos pedagógicos que atenten contra los tiempos de aprendizajes, procesos y construcciones colectivos y fundamentalmente que impidan el acceso democrático al conocimiento”.
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