Las autoridades de la Facultad de Filosofía y Humanidades y el equipo de gestión repudiamos la resolución del conflicto de tierras en Guernica por la vía judicial, así como la consecuente represión llevada a cabo en horas de la mañana del día jueves 29 de octubre por las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires.
El acceso a la tierra, tanto en el espacio urbano como en el rural, por parte de grandes sectores de la población viene siendo una deuda histórica sin una solución estructural. Esta penosa situación tiene sus orígenes en procesos de acaparamiento que se remontan a la fundación misma del Estado argentino, donde los pueblos originarios se vieron brutalmente despojados de sus territorios, y que, ya avanzada la segunda mitad del siglo XX, fue recrudeciendo por el avance de un capitalismo que sostiene su acumulación mediante la desposesión, acorralando por un lado a las poblaciones originarias y campesinas, y por el otro, imposibilitando el acceso a la vivienda a los sectores populares por los elevados precios del mercado originados en la especulación inmobiliaria.
Ante este escenario de exclusión y negación de derechos básicos, a lo cual se suma la insuficiencia o falta de políticas públicas que atiendan las necesidades de la población más desfavorecidas, los sectores populares vienen diseñando e implementando estrategias de acceso a la tierra que les permitan generar las condiciones mínimas para el desarrollo de una vida digna. El actual contexto de pandemia ha venido a poner de manifiesto las desigualdades estructurales que mencionamos y limitado aún más las posibilidades de subsistencia de los sectores más vulnerables de la sociedad viendo así más amenazados sus derechos.
Como autoridades de una Facultad con una larga tradición de trabajo en los territorios y de compromiso con el diálogo, vemos con profunda preocupación el acrecentamiento de la desigualdad y de la conflictividad que supone no atender de manera estructural los problemas que expresan y visibilizan situaciones como la ocurrida en la toma de Guernica. En este marco, entendemos que la apuesta al diálogo, a la negociación desde el reconocimiento de los múltiples actores y colectivos involucrados, es una responsabilidad del Estado en todos sus niveles, poderes y agencias que resulta prioritaria y decisiva para evitar desenlaces por la vía represiva.
En este sentido, y coincidiendo con otros posicionamientos que se han hecho públicos, sostenemos que por más difíciles que sean estos procesos de negociación, “la represión nunca debe ser una opción en la caja de herramientas políticas de los actores democráticos”. Consideramos que es inaceptable sumar a la desigualdad estructural de los sectores populares los efectos destructivos de la represión estatal y la violencia institucional, esto no hace más que agudizar la precaria situación de dichos sectores y a la vez inhibir y desalentar procesos comunitarios en la creación de soluciones estructurales a los problemas que enfrentan.
Fotografía de portada: Agustina Byrne
