El jueves 30 de noviembre, la Decana, Flavia Dezzutto, solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba participar como “Amiga del Tribunal” en la causa “CASTELLANO, LUCÍA Y OTROS C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD COLECTIVA”.
Los Amicus Curiae – o Amigos del Tribunal- tienen como objeto “enriquecer la deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas” y el propósito de la presentación consiste en sumar algunos aportes del trabajo de docentes- investigadores que, desde diversos lugares de nuestra Facultad como institución pública de carácter científico-académico, vienen promoviendo en torno cuestiones de derechos ambientales y territoriales.
En ese sentido, desde hace muchos años en la FFyH se desarrollan tareas académicas de docencia, investigación y extensión, tanto en el grado como el posgrado, vinculadas a las problemáticas ambientales y territoriales, de las cuales han surgido muchas de las experiencias científicas que se expusieron en la presentación. Respecto a la investigación, el Centro de Investigaciones de la FFyH María Saleme de Burnichón y el Museo de Antropologías, tanto como los Institutos de doble dependencia con el CONICET como el IDACOR −Instituto de Antropología de Córdoba− y el IDH −Instituto de Humanidades−, sostienen y promueven la atención sobre estas problemáticas a través de la organización de conferencias, conversatorios, workshops, el alojamiento de becarios y proyectos de investigación específicos en esos temas, desde diversas líneas y perspectivas, y un marcado trabajo de extensión universitaria.
En este marco, desde la Facultad se fundamentó la presentación de este Amicus Curiae en un trabajo de síntesis académica realizado desde el Área “Ambiente, Sociedad y Territorios”, dependiente de la Secretaría de Extensión de la FFyH, creada por resolución decanal 1373/2023, bajo la coordinación de la Dra. Eliana Lacombe. En esta Área participan docentes e investigadora/es formados/as en diferentes disciplinas (Antropología, Geografía, Geología, Ciencia Política, Filosofía, Letras, Estudios Críticos del Discurso, entre otras), quienes investigan y acompañan múltiples procesos sociales con comunidades afectadas y grupos ciudadanos organizados en defensa de derechos ambientales y territoriales, poniendo a disposición conocimientos, observaciones y aportes en relación a la creciente desposesión de derechos, múltiples afectaciones, sufrimientos sociales y destrucción de territorios que vienen sucediendo en torno a problemáticas socioambientales y territoriales que proliferan, persisten y se agravan en diferentes lugares de la provincia, teniendo implicancias en múltiples escalas.
La presentación al TSJ se funda en la preocupación que genera el hecho que, la Legislatura de la Provincia de Córdoba haya modificado los anexos de la Ley de Política Pública Ambiental (Ley 10.208) a través de la Ley 10.830 sin dar espacio a la participación de los/as ciudadanos/as, vulnerando así derechos garantizados por leyes internacionales, nacionales y provinciales. A su vez, esta modificación constituye una reforma regresiva en materia de protección ambiental, contraria a los postulados de las leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental en nuestro país y tratados internacionales.
“En el marco de nuestras experiencias de investigación y extensión, somos testigos y estudiosos de la recurrente vulneración del derecho ambiental y de sus múltiples efectos sobre las poblaciones-ambientes-territorios. Ello a pesar de la batería de legislaciones nacionales y convenios internacionales que reconocen el derecho de todas las personas a un ambiente sano, el derecho a acceder a la información pública ambiental y a participar de los procesos de evaluación ambiental y producción de normativa en materia ambiental, la especial protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental, el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas y el derecho de las comunidades indígenas a sus territorios, entre otras”, señala el documento, que además considera “necesario que el tribunal conozca y considere la multiplicidad y multidimensionalidad de formas de violencias que padecen las comunidades, muchas de ellas generadas o habilitadas por la acción o inacción de las instituciones estatales”.
A continuación, a través de la descripción de diferentes “casos testigos”, los/as académicos/as describen y analizan la recurrente vulneración de los derechos a la participación ciudadana, al libre acceso a la información pública ambiental y al libre acceso a la justicia ambiental. Además, describen los múltiples padecimientos sociales que generan: contaminación ambiental, destrucción de paisajes, ecosistemas, sitios de valor patrimonial y sagrado, los cercamientos, amenazas, persecución, desplazamientos y criminalización de afectados y defensores ambientales. “Estas formas de violencia institucional, se suman y acumulan a los padecimientos ambientales generados por la contaminación y/o destrucción de los ambientes habitados, aportando a la configuración del sufrimiento socioambiental”, agrega el informe.
“La falta de espacios de participación ciudadana, que garanticen la efectiva escucha y atención a los conocimientos, demandas, problemáticas y padecimientos de los/as ciudadanos, vulnera las leyes y derechos establecidos y configura un proceso de injusticia y violencia institucional que aporta a experiencias de padecimiento y malestar social, además de agravar la crisis ambiental y climática”, concluye el texto que solicita al Tribunal Superior de Justicia que “declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley 10.830” y “habilite un espacio formal de Audiencias para esta causa, para dar lugar a la participación ciudadana, a fin de conocer de primera mano los efectos que generan en la vida de las personas, tanto la recurrente violación de esta Ley de Política Públicas Ambientales, como su reforma regresiva”.
Fotografía de portada: «Somos el monte que marcha». Ciudad de Córdoba, Argentina. 28/06/2017. Sebastián Salguero.
