Una declaración del Consejo Directivo manifestó su preocupación por el fallo que condenó a Max Caviglione, estudiante de Bibliotecología en nuestra Facultad, y cuestionó la falta de perspectiva de género en el tratamiento judicial del caso. El documento reclama la revisión de fallos que reproducen estereotipos y discriminación, y exige la aplicación efectiva de los estándares internacionales de derechos humanos.
El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC expresó su profunda preocupación por la situación de Max Caviglione y Lulén Watts y advirtió que el caso interpela a la sociedad sobre una problemática estructural: la ausencia de perspectiva de género en el sistema judicial argentino.
La declaración, aprobada en el ámbito del Consejo, hace referencia al fallo del 28 de agosto de 2026, mediante el cual la Cámara en lo Criminal y Correccional de Quinta Nominación de la ciudad de Córdoba condenó a Max Caviglione, estudiante de Bibliotecología de la FFyH, a 12 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo y criminis causa.
El documento señala que, más allá de la gravedad del caso, preocupa especialmente que durante el juicio no se haya incorporado la perspectiva de género para considerar las violencias sufridas por Lulén a lo largo de su vida. Según expone la declaración, la defensa sostuvo que Lulén padeció desde los 12 años violencia psicológica sistemática por parte de su padre adoptivo, vinculada al rechazo de su orientación sexual, expresión de género e identidad de género.
“El caso de Max y Lulén es una expresión más de este patrón. Durante el juicio, la defensa invocó las ‘circunstancias extraordinarias de atenuación’ del artículo 80 del Código Penal, sosteniendo que Lulén sufrió desde los 12 años violencia psicológica sistemática por parte de su padre adoptivo, cuyo origen era el rechazo a su orientación sexual, expresión de género e identidad de género. En pleno debate, ese padre se negó a reconocer la identidad de su hijo: ‘No sé quién es Lulén’, dijo. El tribunal escuchó esto. Y eligió no incorporarlo”, señala la declaración.
Para la FFyH, la decisión judicial de no considerar ese contexto constituye una expresión de un problema estructural que atraviesa distintas instancias y jurisdicciones. La declaración advierte que la falta de perspectiva de género puede manifestarse tanto en la investigación de los hechos como en la valoración de las pruebas, la determinación de las penas y el trato hacia las personas involucradas, reproduciendo estereotipos y vulnerando derechos.
La declaración también recupera los estándares internacionales de derechos humanos y el principio de discriminación interseccional, que reconoce cómo distintas condiciones de vulnerabilidad —entre ellas, la identidad de género y la exclusión social— pueden combinarse y profundizar las situaciones de violencia y desprotección.
En ese sentido, el Consejo Directivo sostiene que los antecedentes de violencia estructural deben ser considerados por el sistema judicial al momento de analizar los hechos y determinar las responsabilidades penales. También advierte sobre el papel de los medios de comunicación cuando reproducen estereotipos, responsabilizan a las víctimas y abordan estos casos desde perspectivas amarillistas, misóginas o discriminatorias.
El documento sitúa esta preocupación en un contexto de ataques a los derechos de las personas LGBTQ+ en Argentina y señala que la legitimación de los discursos de odio tiene consecuencias concretas sobre la vida de las personas.
A partir de este caso, el Consejo Directivo, junto con la Escuela de Bibliotecología, el Área Trans, Travesti y No Binarie, el Programa de Género, Sexualidades y ESI, el Programa de Derechos Humanos, el Programa Universitario en la Cárcel y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, convocó a la comunidad a sostener una serie de demandas:
- Incorporar la perspectiva de género de manera transversal en todo el sistema judicial, desde la investigación hasta el debate oral y la determinación de las penas.
- Generar espacios de capacitación sobre estándares internacionales de derechos humanos y garantizar su aplicación en todas las instancias judiciales.
- Revisar los fallos que reproducen estereotipos y discriminación interseccional, para que la Justicia garantice derechos y no se convierta en un espacio de disciplinamiento de las identidades.
- Denunciar el contexto de reacción antiderechos y las consecuencias de la legitimación estatal de los discursos de odio.
- Acompañar a Max y Lulén, así como a todas las personas que enfrentan un sistema judicial que no reconoce sus derechos en su integralidad.
