La FFyH integra el Comité de Solidaridad con los pueblos Latinoamericanos, y desde ese lugar el Consejo Directivo se pronunció enérgicamente frente al Estado de Emergencia decretado por el gobierno que encabeza Dina Boluarte, que ya provocó más de 50 asesinatos de ciudadanxs y más de 1000 personas heridas por las fuerzas de seguridad, la mayoría indígenas y campesinxs.
“El Estado de Emergencia decretado por las autoridades peruanas –encabezadas por Dina Boluarte- funciona de hecho como una situación dictatorial o de facto, al habilitar la suspensión de los derechos constitucionales y practicar las políticas de represión y censura de la expresión popular que han dejado como resultado más de 50 asesinatos de ciudadanos y ciudadanas, y más de 1000 personas heridas por parte de a fuerzas de seguridad en todo el territorio peruano”, señala la Declaración aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo en su sesión del pasado 27 de febrero.
“Es significativo señalar que muchos heridos no denuncian y no acuden a los hospitales por temor a ser detenidos y sus familiares son perseguidos y acosados, por lo que se estima aún más alto el número de asesinados y heridos”, agrega el texto.
La Facultad de Filosofía y Humanidades integra el Comité de Solidaridad con los pueblos Latinoamericanos, y desde ese lugar se suma a las denuncias que distintos organismos internacionales vienen haciendo de manera enérgica frente a las graves violaciones a los Derechos Humanos que se suceden ininterrumpidamente desde hace semanas en el hermano país.
“Amnistía Internacional ha denunciado que en Perú se están cometiendo “graves violaciones a los derechos humanos”, con “ataques generalizados contra la población” y el uso de armas letales contra las manifestaciones sociales. El informe de denuncia califica estos hechos como “crímenes contra el derecho internacional” y señala que el uso “abusivo y desproporcionado” de la fuerza represiva tiene un alto contenido racista contra las poblaciones indígenas”, sostiene la Declaración.
En este sentido, desde el HCD resaltan que lxs pobladorxs indígenas de las zonas andinas, las más pobres y marginadas que son víctimas de un racismo histórico, son la gran mayoría de los objetivos de la represión actual: “Las regiones con población mayoritariamente indígena representan el 13 por ciento de la población total del país y concentran el 80 por ciento de las muertes por la represión”.
Este accionar represivo del gobierno de Boluarte provocó la denuncia penal contra ella, ministros y altos mandos policiales por parte de tres organismos de derechos humanos peruanos: el Instituto de Defensa Legal, APRODEH y Paz y Esperanza. Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos peruana calificó a la represión como “crimen de lesa humanidad”, y la Misión Argentina de Derechos Humanos denunció la represión y se encuentra en territorio peruano recabando testimonios.
“Exhortamos a la universidades públicas de Argentina y Latinoamérica y a los Organismos Internacionales Multilaterales y de Derechos Humanos, a repudiar los hechos ocurridos; a exigir el cese de la represión y la violencia racista y bregar por la plena vigencia de los derechos humanos”, afirma la Declaración. También exige “a los mecanismos y organismos regionales de protección de Derechos Humanos llevar adelante acciones que, por un lado, favorezcan la sustanciación de procesos judiciales a los efectos de establecer la responsabilidad penal por los crímenes cometidos, alcanzando a toda la cadena de mandos; y por el otro, propicien políticas de reparación y acompañamiento integral de las víctimas de la represión estatal”.
Para finalizar, el HCD se pronunció por “una América profunda plurinacional, libre de violencias, conviviendo en democracia. Por un continente de paz y de respeto por los Derechos Humanos. Por el buen vivir de nuestros pueblos. En América Latina dictaduras NUNCA MÁS”.
