Las autoridades y el equipo de Gestión de la Facultad de Filosofía y Humanidades repudian la violencia ejercida en el desalojo del acampe ambiental de la Autovía Ruta 5 y se solidariza con las organizaciones sociales, asambleas y ciudadanxs que vienen luchando contra ese proyecto y la ampliación de la Autovía de montaña en Punilla, y por eso hace propia la declaración del Departamento de Geografía de esta unidad académica.
Como lo viene haciendo desde que el gobierno provincial inició la construcción de Autovía de Montaña en Punilla, las autoridades y el equipo de Gestión de la Facultad de Filosofía y Humanidades repudian la violencia ejercida por la justicia y la policía contra el acampe ambiental de la Autovía Ruta 5, y se solidariza con las organizaciones y asambleas que vienen protestando por el avance de proyectos que afectan los derechos ambientales de toda la ciudadanía.
El vínculo entre la Facultad y estas organizaciones se sostiene en años de trabajo conjunto en pos de la creación de sistemas productivos e infraestructura que atiendan las necesidades de las poblaciones locales, que promuevan el cuidado del medio ambiente y la vida sana. En función de esos objetivos, hace propia la declaración de la gestión del Departamento de Geografía, que reproducimos aquí debajo:
Ante los hechos registrados en la Autovía ruta 5, donde desalojaron el acampe ambiental y detuvieron a dos personas. La gestión del Departamento de Geografía de la FFyH UNC:
- Repudia los hechos de violencia sucedidos, la represión y la criminalización de la protesta.
En ese sentido, la expansión de los principios democráticos, reformulados con las reformas de la Constitución Nacional, apelan a que la concepción deliberativa de la democracia va más allá del voto. La protesta es un modo democrático de hacer visible, audible y atendible los problemas de sectores populares, como así también una manera de realizar un control efectivo sobre las autoridades que llevan sus asuntos.
Por lo tanto, afirmamos y sostenemos que el Derecho a tener Derechos en Democracia es el que llama a los otros derechos, como el de peticionar a las autoridades, lo cual implica expandir la ciudadanía, hacer valer estándares jurídicos internacionales que se encuentran incorporados en la Constitución Nacional, entre otros.
El desalojo y represión violan el derecho de petición consagrado en la Constitución Nacional en el artículo 14 y 33, también reafirmado en el artículo 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La mirada criminalizadora, de persecución jurídica, clausura la democracia y proscribe la política, impide a sectores sociales a ejercer el autogobierno, expropian la palabra, los dejan sin voz. Cuando el Estado no cumple con los derechos humanos básicos de la ciudadanía y le niega la posibilidad de expresarse, crea las condiciones de reproducción de desigualdades, segregación y fragmentación
Es por ello que la relación entre democracia y protesta social es un diálogo necesario ante el cual el Estado debe dar respuestas a las demandas. Apoyamos a una ciudadanía activa y comprometida a – y con el derecho de- tomar un papel protagónico en su comunidad política, territorial y en su lugar de trabajo. La democracia – sostenemos aquí- requiere de diálogos entre todes y necesita, de modo especial, del punto de vista de los disidentes.
Repudiamos el encuadre penal del acampe en la Autovia Ruta 5 como delito. Reprimir o condenar a quienes están ejerciendo “el primer derecho” es estar frente a un Estado y una sociedad que es doblemente inmoral, doblemente inconstitucional e indecente. Es el Estado quien no solo violenta derechos fundamentales, sino que luego dificulta la expresión de sus quejas y la satisfacción de sus demandas.
El valor de la Democracia no reside únicamente en la posibilidad de elegir periódicamente a sus representantes, sino también y fundamentalmente en ser un medio – y un método- a partir del cual garantizar el más encendido y robusto debate público. Para algunos sectores sociales la única forma de ingresar al debate público suele ser la protesta social, porque no tienen otros medios para hacer oír sus pretensiones o su disenso frente a una decisión legislativa o de un gobierno que afecta sus intereses. Inhibir la protesta a través del castigo penal implica socavar el debate público, porque lleva consigo excluir de él a esa parte de la población, y en consecuencia atenta contra la función más importante del sistema democrático, que es justamente no sólo garantizar sino incluso promoverlo.
La protesta no es una afrenta, es un modo de honrar principios básicos democráticos en la disputa por asegurar la realización plena de los derechos fundamentales que el Estado se ha comprometido a satisfacer.
La Corte ha señalado en el caso “Mendoza” que “la tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes que cada uno de los ciudadanos tienen respecto del cuidado de los ríos, de la diversidad de la flora y la fauna, de los suelos colindantes, de la atmósfera. Esos deberes son el correlato (del derecho) que esos mismos ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente sano para sí y para las generaciones futuras, porque el daño que un individuo causa al bien colectivo se lo está causando así mismo. La mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y es transindividual”.
Fotografía: Diario Tortuga
