En su sesión remota del 10 de mayo, el Consejo Directivo de la FFyH adhirió a la declaración elaborada por el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos, en la cual expresa “su más enérgico repudio a la represión estatal desatada contra el pueblo de Colombia”.
En el documento del Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos se denuncia la grave y sistemática violación de DDHH en la República de Colombia y se exige “Justicia por todas las víctimas de las Fuerzas de Seguridad en el marco de las protestas sociales entre fines de abril y principios de mayo de 2021”. Además, se demanda a la OEA y a los órganos del Sistema Regional de Protección de los DDHH que actúen frente a un Estado que reprime y mata a su propio pueblo.
Cabe destacar que desde 2019, cuando ocurrió el Golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia, la Facultad de Filosofía y Humanidades se sumó al Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos de Córdoba, una propuesta que surgió desde la Mesa de Trabajo por los DD.HH. y que reúne a los organismos de Derechos Humanos (HIJOS, Abuelas, Familiares, Ex Presos), organizaciones sociales y estudiantiles, sindicatos, otras Facultades de la UNC, partidos y fuerzas políticas, instituciones culturales y educativas e integrantes de la comunidad boliviana y la comunidad ecuatoriana residentes en Córdoba.
“La respuesta estatal fue la más cruda y salvaje represión”
Los hechos comenzaron el miércoles 28 de abril, cuando diferentes actores sociales y políticos de Colombia convocaron una marcha de protesta contra a la Reforma Tributaria del gobierno derechista de Iván Duque. “Esta reforma es una más de una gran cantidad de decisiones y actuaciones neoliberales que tienen sumida a Colombia en una profunda crisis social, económica y política”, señala la declaración aprobada por el Consejo Directivo, en su sesión remota del 10 de mayo.
“El asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales; el uso de glifosato de manera indiscriminada sobre comunidades rurales y urbanas; la Reforma de Salud, que busca dar el batacazo final sobre los procesos de privatización al sistema público siguiendo el modelo de EE.UU.; el incumplimiento de los acuerdos de paz firmados en La Habana; la desfinanciación de la educación pública; el alto nivel de desempleo y una política fiscal que favoreció los grandes conglomerados financieros en el país, entre otros temas de la agenda neoliberal del gobierno colombiano, provocaron la salida masiva de las personas a las calles, aún en medio del pico más alto de la pandemia”, continúa.
“La respuesta estatal fue la más cruda y salvaje represión”, denuncia el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos, y destaca que diversas organizaciones de Derechos Humanos colombianas e internacionales afirman que, entre el 28 de abril y el 4 de mayo, hay un saldo de más de 30 muertos, más de 1300 casos de violencia por parte de la policía, 761 detenciones arbitrarias, 216 intervenciones violentas a manifestaciones, 17 víctimas de lesiones oculares por disparos en los ojos, 56 casos de disparos con arma de fuego, 319 denuncias por desaparición en el contexto de violencia y 9 casos de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública.
Paro Internacional de Museos
En este marco, el Museo de Antropología de la FFyH también suma el apoyo solidario con la difícil situación que hoy atraviesa Colombia, a través de la adhesión al Paro Internacional de Museos que se lleva a cabo el jueves 13 de mayo, como una iniciativa de distintas organizaciones de museos, de los programas de formación profesional en museos, así como de profesionales, trabajadores y trabajadoras de las instituciones museológicas de Colombia.
Pronunciamientos de universidades colombianas
Muchas fueron las universidades colombianas que se pronunciaron sobre las violaciones a los derechos humanos. Como el caso de la Red de Educadores de Museos, Archivos, Bibliotecas y Mediadores Culturales de Colombia, que señaló en un comunicado: “Como educadores de espacios culturales creemos que el diálogo entre las partes, el pensamiento crítico, la empatía, la escucha y la tolerancia frente al que piensa diferente, hacen parte esencial de la construcción de una ciudadanía empoderada, critica y siempre atenta a sus contextos. Creemos que una ciudadanía que conoce y defiende sus derechos hace parte de un Estado social de derecho, como consta en el marco normativo colombiano”.
“Urgimos a todos los actores a desescalar este grado de violencia y especialmente al gobierno de Iván Duque para que escuche realmente a las personas, a los ciudadanos y sus necesidades fundamentales, que la Fuerza Pública actúe bajo la premisa del respeto por los derechos humanos, el respeto por la vida, que no se estigmatice a quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta, que se desmiltaricen las ciudades, que se implementen de manera efectiva los acuerdos de paz y, que la cultura, el arte, el patrimonio y la educación se conviertan en vectores del cambio que nuestro país necesita”, prosigue.
Por otro lado, la Asamblea general de profesores de la Universidad de Antioquia emitió un comunicado de denuncia pública y abierta con solicitud de intervención ante las organizaciones internacionales: “El profesorado de la Universidad de Antioquia como parte del Estado y de la sociedad colombiana entiende que la protesta social es un derecho constitucional y que en este momento la que se lleva a cabo en Colombia es la respuesta a una gestión insolidaria, ineficaz e ineficiente de los recursos económicos por parte del gobierno. Las decisiones erráticas del Presidente han conducido al país a una situación intolerable de pobreza, pero favoreciendo a las minorías más ricas por medio de exenciones tributarias que han incrementado dramáticamente la brecha social. Al mismo tiempo que de forma ciega y terca destina los recursos a inversiones suntuosas para seguir beneficiando la concentración de capital y de poder en esas élites, cuya codicia les impide ver las condiciones deplorables en que vive el mayor porcentaje de nuestros compatriotas. Semejante forma de gobernar sigue escalando el ambiente de malestar con la decisión de invertir en insumos para la guerra y en pautas televisivas con un oneroso programa de televisión diario en un horario de alta audiencia como espacio publicitario de la Presidencia. ¿Se puede tolerar la irresponsabilidad en el manejo del dinero que demuestra este Gobierno? La respuesta es NO”.
En esta carta, emitida el 4 de mayo, los profesores de la Universidad de Antioquia reunidos en asamblea general, recalcan: “elevamos nuestra voz de forma pública y abierta para que cese en Colombia la violación que hacen los agentes del estado de los protocolos y de los derechos humanos en el marco de la protesta social y expresamos nuestro desacuerdo ante la militarización de las ciudades ordenada por el Gobierno Nacional de Colombia”.
