A través de una declaración aprobada por unanimidad, en su sesión del 29 de junio, el HCD ratificó su compromiso con la defensa de la universidad pública y reclamó el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario en todos sus términos.
En la sesión del 29 de junio, el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades aprobó por unanimidad una declaración en la que sostiene la exigencia del cumplimiento y la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario y reafirma su compromiso con la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. “En el marco del acuerdo del Gobierno Nacional con el Consejo Interuniversitario Nacional, que implica un aumento insuficiente muy por debajo de lo estipulado en la Ley, este Cuerpo rechaza el intento del Gobierno de dar por cerrado el reclamo por el presupuesto universitario, los salarios de docentes y nodocentes, y las becas estudiantiles que son las que permiten el ingreso, permanencia y egreso”, señala el texto.
La declaración recuerda que el pasado 25 de junio la Corte dejó firme la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma respaldada por el Congreso de la Nación y por la comunidad universitaria a través de cuatro marchas federales y con distintas medidas de fuerza como paros nodocentes, docentes, tomas y asambleas en todo el país. En ese sentido, aclara que la propuesta oficial no alcanza a responder las demandas planteadas por las universidades nacionales. Entre otros aspectos, sostiene que la recomposición salarial ofrecida se encuentra muy por debajo de lo previsto por la ley y que la actualización de los gastos de funcionamiento continúa siendo insuficiente.
Asimismo, el Consejo Directivo afirma que “solo mediante el efectivo cumplimiento de las demandas impulsadas por la comunidad universitaria, entre ellas la garantía de un presupuesto adecuado para las universidades nacionales, la completa recomposición salarial, el fortalecimiento de las políticas de permanencia estudiantil y el respeto a las decisiones democráticamente expresadas por la comunidad educativa, podremos consolidar un triunfo para la Universidad Pública”.
“A pesar del nuevo fallo, el Poder Ejecutivo continúa sin garantizar la efectiva implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, manteniendo una situación crítica y un desfinanciamiento en magnitudes históricas para las universidades nacionales que no se resuelve. Mientras la Ley prevé una recomposición salarial estimada en el 52.1%, la propuesta oficial queda muy por debajo de las necesidades planteadas por la comunidad universitaria. En el caso de las becas estudiantiles, el acuerdo sólo contempla el aumento de las ya recortadas Becas Manuel Belgrano, mientras que mantiene congeladas las becas PROGRESAR. A su vez, la actualización para los gastos de funcionamiento queda un 20,2% por debajo del presupuesto base que fija la Ley de Financiamiento”, continúa la declaración.
Finalmente, reafirma la exigencia de la implementación de la totalidad de Ley de Financiamiento Universitario y ratifica su apoyo a las acciones de organización y movilización que impulsan los distintos sectores de la comunidad universitaria en defensa de una universidad pública, gratuita, crítica, científica y al servicio de las necesidades sociales.
