La Decana, Flavia Dezzutto, lxs integrantes del Equipo de Gestión y del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades declaran su más enérgico repudio ante las continuas amenazas y atropellos que sufren los integrantes de la Comunidad Comechingón Pluma Blanca de la localidad de Candonga – El Manzano.
El posicionamiento de las autoridades de la FFyH e integrantes del HCD surge a partir de la nota presentada por la Secretaría de Extensión, el Programa de Derechos Humanos de la Facultad y el Museo de Antropología, en la que solicitaron una Declaración que exprese el “repudio ante las continuas amenazas y permanente atropellos que sufren los integrantes de la Comunidad Comechingón Pluma Blanca de la Localidad de Candonga – El Manzano”.
“Acompañamos también el pedido de ayuda y de intervención de las formas de protección que sean necesarias para la Comunidad a fin de garantizar el alcance de la legislación vigente relacionada con el reconocimiento de los pueblos indígenas en nuestro territorio”, resalta otro párrafo de la nota.
Asimismo, desde el Museo de Antropología, la cátedra de Etnografía de Grupos Indígenas de la Licenciatura en Antropología, el Programa de Derechos Humanos y la Secretaría de Extensión de la FFyH se está elaborando un informe sobre la situación que atraviesa esta Comunidad, que será puesto a disposición de la misma y del Consejo Directivo para su tratamiento.
El conflicto por la tierra
La Comunidad Comechingón Pluma Blanca es sometida permanentemente desde hace casi una década a las más variadas formas de violencia sobre el cuerpo de las personas, en la vivienda, en la tierra, en los animales por particulares que obran bajo intereses espurios con el fin de expulsarles del territorio, como así también en formas institucionales y simbólicas por parte de las diferentes administraciones del Estado que han desatendido estos reclamos y en muchos casos han sido funcionales a los intereses de terceros.
Con el objetivo de visibilizar esta problemática, el 21 de agosto se organizó una conferencia de prensa en el territorio de esta Comunidad Comechingón, en la que participaron docentes e investigadorxs de la FFyH, organizaciones socioambientales y vecinxs de Sierras Chicas, brigadas forestales, medios de comunicación y una decena de comunidades originarias, en la que se expresó el apoyo al proceso de auto-reconocimiento y reivindicación territorial de la Comunidad.
Por parte de la Facultad, estuvieron presentes el Secretario de Extensión, José María Bompadre, la Directora del Museo de Antropología, Fabiola Heredia, la Secretaria de Ciencia, Investigación y Técnica, Carolina Álvarez Ávila, el Director del Programa de Derechos Humanos de la FFyH, César Marchesino, y la Codirectora del Programa de Arqueología Pública, Mariela Zabala.
El hostigamiento por parte de privados con intereses inmobiliarios y mineros ha ido en aumento y agravándose contra el Nawán de la Comunidad Pluma Blanca, Carlos López, y su familia, quienes viven en el monte que rodea el río Chavascate, entre Candonga y El Manzano, en Sierras Chicas. Los progenitores y abuelxs de López residieron y trabajaron la tierra en el mismo territorio, sólo que, con el correr de los años, fueron siendo expulsados hasta quedar las casi 123 hectáreas que Carlos junto a su compañera y sus cuatro hijxs intentan defender.
El conflicto en Pluma Blanca se generó por una pugna entre un privado que afirma tener el título dominial de las tierras y una comunidad que ejerce posesión efectiva de la tierra desde hace décadas. Esta tierra ancestral de la Comunidad Pluma Blanca es disputada por Luis Ernesto Remonda, quien tiene intereses inmobiliarios y vínculos mineros en la zona, y se encuentra en litigio desde hace años.
En 2020, Remonda recibió un fallo favorable de la Justicia en primera instancia, aunque el desalojo contra la familia López se encuentra en suspenso por el decreto nacional que prohíbe los desalojos durante la pandemia. La abogada de la comunidad Pluma Blanca, Natalia Bilbao, señala que la sentencia de desalojo empezó con una representación maliciosa del abogado Aníbal Boero, quien no procuró que se defendieran los derechos campesinos, indígenas y posesorios de la Comunidad, y además dejó vencer los plazos para apelar las sentencias. Incluso, Boero está denunciado por estafa en otra comunidad, por hechos similares.
De todas maneras, más allá de las causas civiles y penales vigentes, Bilbao remarcó la necesidad de corrernos de las instituciones que tienen que ver con la constitución del Estado moderno y hacer valer el derecho indígena, que tiene sustento en convenios internacionales que tienen carácter de ley constitucional.
Pero la comunidad no recibe solo presiones judiciales. Casi cotidianamente y de manera sistemática, la familia López está expuesta a agresiones y hostigamiento para instarles a dejar sus tierras, situación que se ha ido agravando en la última década: amenazas, cortes de alambres y matanza de animales; incendios intencionales; mensajes mafiosos o disparos con armas de fuego a las paredes de la casa.
Recientemente, les rociaron con nafta las ventanas de la vivienda y escondieron una molotov casera debajo de la cama de una de las hijas de Carlos. De hecho, el mismo día de la conferencia de prensa mataron al perro de la familia.
En 2013, sucedieron hechos todavía más traumáticos. En el marco de los ataques a la familia, Norma, compañera de Carlos, denunció que fue violada en reiteradas oportunidades por un hombre identificado como Claudio Sequeira, quien era en ese momento empleado rural registrado de Luis Remonda.
Fotografías: La tinta
Texto realizado en base a notas publicadas en La tinta:
https://latinta.com.ar/2021/08/hostigamiento-comunidad-comechingon-pluma-blanca/
https://latinta.com.ar/2021/08/sicarios-cordoba-comunidad-candonga/
