A través de una Declaración cuestióna la iniciativa que el Senado tiene previsto tratar el 6 de agosto, solicita la adhesión del Consejo Superior de la UNC y convoca a toda la comunidad universitaria a expresarse en las calles contra el “avasallamiento a nuestra soberanía”.
En su sesión del lunes 27 de julio de 2026, el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades expresó su “profunda preocupación ante la inminente aprobación en el Senado del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y la consecuente derogación de la Ley de Tierras N 26.737”, normativa vigente desde el 2011 que tiene por objetivo limitar la extranjerización de la tierra y poner restricciones a los capitales extranjeros.
“El Gobierno nacional pretende derogarla mediante la actual reforma legislativa, luego de haber intentado imponer esa derogación a través del DNU 70/2023, objetado por la Justicia por su inconstitucionalidad”, señala la Declaración.
En otro pasaje, el HCD advierte de la “manifiesta situación de desprotección y entrega territorial que promueve este Gobierno de forma sistemática mediante los proyectos de ley recientemente presentados y aprobados en el Congreso, siendo el Poder Legislativo el representante y garante de la voz y de los derechos del pueblo en relación con los marcos legales que afectan al conjunto de nuestro país y de la ciudadanía”. Por tal motivo, solicita “a las y los senadores de todas las provincias que voten en contra de dicho proyecto”.
Para el cuerpo legislativo de la Facultad, la iniciativa “privilegia la primacía del derecho privado al eliminar los límites máximos a la posesión extranjera del territorio nacional por sobre la autodeterminación de nuestros pueblos soberanos. Además, entrega el control y la protección territorial integral de los bienes comunes de la Nación, las zonas naturales protegidas y las tierras comunitarias. En nombre de la propiedad privada, el proyecto avanza en debilitar los límites a la extranjerización de la tierra, profundizando un modelo de mercantilización, concentración y despojo. Si la ley se aprueba, se favorecerá la eliminación de controles sobre grandes extensiones de tierras rurales, zonas de frontera que incluyen montañas, ríos y lagos, territorios indígenas y reservas protegidas, lo que facilitará su venta a capitales extranjeros y grandes grupos económicos”.
De esta manera, el Consejo Directivo advierte que la consecuencia será una profundización de la “pérdida de protección nacional e interjurisdiccional del Estado sobre nuestros territorios”, además de facilitar “el extractivismo, los desalojos y la pérdida de soberanía, incluyendo la soberanía alimentaria y el control sobre los sistemas de producción y organización cultural y territorial comunitaria, así como sobre las formas de vida campesinas, rurales, indígenas, rururbanas y urbanas. En consecuencia, se vulnerarán el derecho a la tierra, el acceso al suelo y el derecho a la vivienda”.
Otro punto que preocupa a los/as consejero/as es que se “promueve el debilitamiento de la Ley de Manejo del Fuego al flexibilizar las restricciones y prohibiciones sobre zonas y tierras incendiadas, que pasan a ser objeto de especulación económica. Esto pone en riesgo miles de hectáreas de bosques en todo el país”. También el debilitamiento de los controles en zonas limítrofes estratégicas, como fronteras, cruces limítrofes, ríos, lagos, montañas y caminos públicos, generando “situaciones estructurales e irreversibles de sobrevulneración, anomia, desprotección jurídica y territorial, daño socioambiental y desigualdad”.
Para el HCD, el proyecto que se tratará en el Senado no es un hecho aislado, “sino parte del proyecto reaccionario del Gobierno y va de la mano con medidas como la contrarreforma laboral, el intento de contrarreforma migratoria, la apología a la última dictadura y el negacionismo a la violencia de género, los discursos de odio hacia la diversidad y muchos otros proyectos y medidas de extrema derecha que se dirigen a la destrucción de lo público y de los derechos del pueblo”.
Por todo lo expuesto, la Declaración expresa el rechazo al proyecto y se invita a acompañar la movilización que se realizará el próximo 6 de agosto “en defensa de la soberanía, los bienes comunes, los territorios y los derechos de nuestro pueblo. No entreguen nuestro territorio y nuestros bienes comunes. Sin ambiente no hay vida. Sin Nación y sin pueblo no hay soberanía. En la FFyH decimos NO a la derogación de la Ley de Tierras N.° 26.737 y NO a la aprobación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.
