Lo hizo en una declaración emitida por unanimidad en su sesión del 21 de octubre e invita al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba a manifestarse al respecto.
El texto aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC señala que si bien las protestas de los últimos días en Chile surgieron ante el alza del pasaje del metro de Santiago, “son una respuesta ante una continuidad de abusos estructurales que han afectado la vida cotidiana de Ixs ciudadanxs”, que están “institucionalizados en el sistema previsional de AFP, la precariedad y crisis actual de la salud pública, la precarización de la educación pública escolar, la privatización del acceso al agua y bienes básicos, el consiguiente endeudamiento extremo de las familias e individuxs y la contrastante e inmoral acumulación de la riqueza en las manos de unos pocos”.
Ante esto, el Consejo Directivo rechaza “el estado de excepción declarado por el gobierno, en razón de que vulnera derechos humanos fundamentales, establecidos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos suscritos por el estado chileno, tales como el derecho a la libertad personal, la libertad de expresión, la vida e integridad personal, debido proceso y otros derechos constitucionales que siguen plenamente vigentes”.
También rechazó el enmarque de este conflicto político como una cuestión de delincuencia y de seguridad del estado y repudió los dichos del presidente Piñera: «Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie, y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite». “La criminalización de la protesta social es una práctica antidemocrática, ya utilizada profusamente en los tiempos de las dictaduras cívico-militares del Cono Sur, intentando borrar el derecho a las legítimas demandas de la sociedad civil”, dice la declaración.
Además, solicita “al gobierno del presidente Sebastián Piñera el cese inmediato de la represión aplicada en el marco del estado de excepción, la inmediata liberación de todas y todos los detenidos, y la suspensión de la aplicación de cualquier medida criminalizadora de la protesta para así abrir de manera urgente un espacio de diálogo y respeto con los distintos sectores sociales involucrados”.
El cuerpo de la declaración fue tomado en gran parte de un documento público elaborado por académicos de universidades de todo el mundo.
DEC_9_2019
