El Consejo Directivo emitió una declaración ante la grave situación que sufren 60 habitantes de ese paraje del departamento Colón, quienes ven afectadas las posibilidades de circulación, actividades económicas y acceso a la salud a partir de la decisión de la empresa minera Mogote de cerrar el único acceso al lugar. La Facultad propuso además la creación de una mesa de diálogo con responsables de las políticas públicas y lxs pobladorxs.
El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades señaló en su Declaración su “preocupación por un grave hecho de violación a los Derechos Humanos que están ocurriendo en la localidad de Casa Bamba, Departamento Colón, a poco más de 50 km de nuestra ciudad capital. La localidad se ubica sobre el río Suquía, por la Ruta Provincial E 55, a 7 km al oeste de La Calera”.
La situación fue planteada por las 16 familias que viven ahí a miembros de un equipo de investigación de la Facultad, a instancias de quienes se conformó una comisión ad hoc con participación de la Secretaría de Extensión y el Programa de Derechos Humanos de la FFyH, estudiantes, docentes e investigadores de Antropología y Geografía, además de integrantes del Programa “Ruralidades: Derechos campesino indígena y conflictos” de la Facultad de Ciencias Sociales.
Lxs vecinxs denuncian el encerramiento del camino histórico de ingreso al paraje, que afecta el transcurrir cotidiano de las personas, impactando en sus actividades económicas, de acceso a la salud, de circulación y al turismo en general. “Entendemos que las familias se encuentran en un estado de vulnerabilidad por ver avasallados los derechos a la vida comunitaria y acceso al territorio, que ejerce la empresa ‘Mogote’ vinculada a la explotación minera y que pretende abrir una nueva traza para explotar los cerros dentro de esta área”, señala la Declaración.
Casa Bamba es parte de una Reserva Hídrica y Recreativa Natural, de resguardo de la cuenca, en pro de la conservación y protección bio-ecológica, cultural, social e histórica a unos pocos kilómetros de la Calera, que fue cerrada con un portón en febrero de 2019 por la firma minera “Mogote”, propiedad del Sr. Camarassa. Además de clausurar el único acceso a lxs habitantes del paraje, está el agravante de explotación de una zona denominada de Tipo I (zona roja) por la ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia y área de conservación (color verde) en el marco de la ley provincial 9841.
Por otra parte, también se encuentra en juego el patrimonio cultural, ya que hay restos arqueológicos en la zona y se han presentado reclamos al Director de Patrimonio de la Agencia Córdoba Cultura, Fernando Blanco, con un informe sobre varios sitios arqueológicos prehispánicos que se encuentran en el Corredor Sierras Chicas, que fue elaborado por el Dr. Sebastián Pastor (CITCA-CONICET) y el Lic. Joaquín Deón (CIECS-CONICET-UNC), ambos egresados de nuestra Facultad, de la Escuela de Historia y del Departamento de Geografía, respectivamente.
El haber cerrado el único camino de ingreso “ocasiona dificultades para que los y las aproximadamente 60 habitantes puedan acceder a sus lugares de trabajo o a la Escuela, al tener que circular por la vía del tren con el riesgo de derrumbes, picaduras de animales ponzoñosos, accidentes con el ferrocarril, situación que se agrava cuando hay inundación y se complica el tránsito por ese acceso”, remarca el texto aprobado por el HCD.
Esta grave situación se vio agravada por los incendios que afectaron a grandes superficies de diferentes zonas de la provincia, fuego que llegó a esta comunidad, poniendo en peligro la vida de familias que no tenían grandes dificultades para escaparse, ya que por un lado estaba bloqueado el camino de la ladera por parte de la minera Mogote, y por el lado del río era imposible porque la provincia había abierto las compuertas del Dique San Roque.
“A su vez, los incendios dejaron la cobertura vegetal de las cuencas cercanas al desnudo y con una posibilidad de derrumbes o deslaves con la consecuente contaminación de los cuerpos superficiales y subterráneos de abastecimiento de agua de las familias”, dice la Declaración en otro de sus pasajes. A la demanda judicial ingresada en la fiscalía distrito 4, turno 6, se han presentado dos amparos, en lo contencioso administrativo contra la Municipalidad, tramitado en la Fiscalía y en lo penal en el Tribunal Superior contra el titular de dominio de la empresa minera, “que con esta acción vulnera los derechos ciudadanos”. Todos estos pedidos se encuentran a la fecha sin respuesta, lo que ha motivado que parte de los y las residentes lleven adelante un acampe como medida de visibilizar su situación en la puerta de ingreso a la comunidad.
Por lo expuesto, el Consejo Directivo “se manifiesta en defensa de los derechos de la población afectada de Casa Bamba”, e insta a que se “propicien los medios a su alcance para la constitución de una mesa de diálogo interactoral e interinstitucional, con actores responsables de las políticas públicas, las y los pobladores. Todo ello para el urgente tratamiento de la situación de violación de derechos humanos en la comunidad, promoviendo la asistencia y cuidado de las familias vulneradas”.
