El jueves 3 de diciembre, a las 17 hs, en la sala Regino Maders de la Legislatura provincial se desarrollará la actividad "Hacia una Seguridad con Derechos. Multiplicar acuerdos para una seguridad democrática en Córdoba", a cargo de Lucas Crisafulli, Mariano Oberlin y Javier Robledo, organizada por el Programa de Derechos Humanos de la FFyH y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. También se presentará el documento denominado #SeguridadConDerechos, que tiene el objetivo de poner en práctica una serie de lineamientos y acciones concretas que tiendan a implementar una política de Seguridad Democrática en la provincia de Córdoba.
Después de los lamentables hechos sucedidos el 3 y 4 de diciembre de 2013 en Córdoba, donde se produjeron los saqueos y el acuartelamiento de la Policía Provincial, las respuestas del Estado a las legítimas demandas sociales por mayor seguridad se han traducido en el incremento de la ineficacia policial, judicial y penitenciaria, llegando al punto de generar graves situaciones de irregularidad que amenazan o debilitan la propia gobernabilidad democrática. Las acciones estatales que se vienen implementando en Córdoba en materia de seguridad están basadas en medidas improvisadas, abusivas o violentas como el modo casi exclusivo de abordaje frente a los conflictos sociales y del delito. “Estas políticas de seguridad han enfocado sus estrategias y recursos económicos de manera casi exclusiva en el seguimiento de los pequeños delitos, aumentando la persecución estigmatizante y selectiva de jóvenes provenientes de sectores populares y villas”. Según lo demuestran investigaciones realizadas por la Universidad Nacional de Córdoba, lejos de ser eficaces, estas acciones han incrementado los niveles de conflictividad interpersonales, intra e interbarriales y en los lugares de encierro.
El documento #SeguridadConDerechos está basado en el ASD (Acuerdo de Seguridad Democrática) que, desde diciembre de 2009, ha venido impulsando el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), un organismo pionero en promover investigaciones y propuestas en torno a la violencia del Estado y la seguridad pública “como un problema de derechos humanos”.
Además, este documento es el resultado de un trabajo colectivo que se viene desarrollando especialmente desde el 2014 a partir de las jornadas “¿De qué seguridad estamos hablando?” en la que participaron diversas organizaciones, instituciones y expertos en la temática de seguridad como Enrique Font, Horacio Etchichury y Marcelo Saín. En el año 2015 diversos especialistas de la UNC, entre ellos Jaschele Burijovich, Magdalena Brocca, Lucas Crisafulli, Daniela Spósito, Valeria Plaza, Natalia Bermúdez; y Mariana Carbajo de la Universidad Nacional de Villa María junto con Emiliano Salguero y Javier Robledo, integrantes de la Mesa Provincial de Trabajo de Derechos Humanos de Córdoba, elaboraron este documento donde se expresa de manera clara que “los recursos estatales deben estar distribuidos de manera que se aborde el crimen organizado, evitando profundizar la criminalización de la pobreza y la desigualdad social”.
En este marco, y con el propósito de construir acuerdos básicos sobre políticas de seguridad integrales y eficaces basadas en valores democráticos, invitamos especialmente a organizaciones sociales, políticas, partidarias, sindicatos e instituciones a sumar su firma para adherir al documento #SeguridadConDerechos, que cuenta además, con el aval de Eugenio Raúl Zaffaroni, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La firma del Acuerdo implicará entonces el compromiso de generar una discusión compleja en los distintos ámbitos de incumbencia sobre una “Seguridad Democrática” desde “una concepción plural, ampliada e integral que implique tanto la prevención del delito y la violencia física, como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población”.
Sumá tu adhesión en el siguiente formulario:
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