“Por una sociedad menos violenta, menos represiva, más libre y segura”

Así lo expresó el decano de la FFyH de la UNC, Diego Tatián, en su intervención durante la audiencia pública, realizada el jueves 11 de diciembre en la Legislatura provincial. A lo largo de la jornada, convocada por la Comisión Especial para el Estudio, Análisis, Modernización y Reforma del Código de Faltas de Córdoba, más de 60 organizaciones y todo el bloque opositor expresaron fuertes críticas al proyecto de reforma al Código de Faltas, presentado por Unión por Córdoba

El borrador del Código de Convivencia Ciudadana que ahora se propone para su reemplazo no lo sustituye sustancialmente, ni lo enmienda en sus aspectos más agraviantes sino que lo enmascara y lo perpetúa”, dijo el decano de la FFyH de la UNC, Diego Tatián. Ante la elaboración de una ley tan importante, solicitó que se extiendan los plazos de aprobación y brindo la Universidad Nacional de Córdoba como ámbito público y propicio para habilitar una discusión ciudadana previa, que permita una reforma legitimada por todos. Debería ser una  ley,  –subrayó Tatián –, “que dé un salto de calidad verdadero y contribuya a una sociedad menos violenta, menos represiva; más libre y segura”.

Tras el fuerte rechazo de amplios sectores de la ciudadanía, sumado a las duras críticas expresadas en la audiencia pública por los distintos representantes de todo el bloque opositor, el legislador Sergio Busso declaró que el bloque oficialista del ejecutivo provincial evaluará la posibilidad de extender los plazos para la aprobación del nuevo Código de Convivencia en Córdoba.


Código de Convivencia en falta

Por Diego Tatián (*)

Mi intervención no se propone expresar a la Universidad, pero sí creo expresar una corriente de opinión académica muy importante y muy activa en la universidad.

El Código de Faltas actual ha producido un daño social y cultural que va a requerir el paso de varias generaciones para su reparación.

Ha sumido a importantes sectores –sobre todo populares- de la sociedad de Córdoba en la arbitrariedad, en la inseguridad y en la anomia. En la indefensión y en la desprotección jurídica. En la violencia institucional y, en fin en la inseguridad –que es lo que se buscaba erradicar.

El borrador del Código de Convivencia Ciudadana que ahora se propone para su reemplazo no lo sustituye sustancialmente, ni lo enmienda en sus aspectos más agraviantes sino que lo enmascara y lo perpetúa.

En mi opinión no va a producir convivencia sino violencia, y va a continuar generando inseguridad en sentido profundo.

Pero el principal desquicio social que esta forma de imponer “convivencia” confiriendo a la fuerza policial autogobierno y autonomía del poder político es del orden de las pasiones sociales. Hay una de ellas que sin dudas es la más difícil y la más lenta de revertir una vez que se ha producido: me refiero a la humillación. Es aún peor que el odio social porque es su fuente.

La humillación frente a la que miles de ciudadanos de Córdoba y enteros sectores sociales se hallan inermes y frente a la que están sometidos diariamente por la aplicación de Código de Faltas –que este proyecto de Regulación que ahora discutimos, insisto, no mejora sino enmascara- proyecta el conflicto, la injuria colectiva, el resentimiento social y la violencia por mucho tiempo más.

La policía no debe conservar el poder de detener preventivamente.

Es necesario eliminar realmente la figura del “merodeo” y no disimularla bajo el concepto de “agravio a los miembros de los poderes públicos” [que habilita a la policía para motivar una condena con una sola palabra suya].

Y sobre todo, en cualquier estado de derecho son los jueces los habilitados para juzgar. Y los jueces mismos y quienes han sido siempre tan sensibles a la independencia del poder judicial debieran reaccionar con fuerza frente a la vulneración flagrante de esta independencia y de la Constitución que supone la delegación de la facultad de juzgar en Ayudantes Fiscales.

Pero lo que quisiera decir brevemente no es tanto lo anterior; no atañe solo al contenido sino al procedimiento por el que este Código de Convivencia va a ser sancionado.

Desde no hace mucho se ha generado una tradición parlamentaria que ha considerado adecuado promover la discusión pública y recabar la opinión ciudadana de la manera más extensa posible, antes del tratamiento en la Cámara de leyes socialmente sensibles para la sociedad argentina en su conjunto. Fue lo que sucedió con la Ley de servicios de comunicación audiovisual; fue lo que sucedió, más recientemente, con el Código Civil y con el Código de Procedimiento Penal.

Yo quisiera ahora proponer que no se sancione este borrador inmediatamente; que motivemos una discusión ampliada para que una ley tan importante como la que regula la convivencia entre las personas sea legitimada por una suficiente discusión ciudadana previa (que estas pocas horas de audiencia pública indudablemente no satisface).

Si esa voluntad prosperase –lo que sin lugar a dudas enaltecería a esta Cámara y la aproximaría al pueblo que representa-, la Universidad prestaría toda su colaboración (material y científica) para contribuir con el objeto de que esta discusión se produzca de una manera más adecuada y acabada.

Tenemos que aprovechar esta reforma como una oportunidad histórica para producir una ley inscripta en una noción democrática de la seguridad –y abandonar definitivamente la que heredamos de la dictadura. No nos apuremos, aunque la derogación del Código de Faltas actual sea urgente. Nos demos unos meses más para que la relación de la ciudadanía con las instituciones –entre ellas la ley, que regula la convivencia- dé un salto de calidad verdadero y contribuya a una sociedad menos violenta, menos represiva; más libre y segura. Y para que la nueva ley contribuya a una sociedad en paz.

(*) Documento completo, leído y entregado por el decano de la FFyH de la UNC,  Diego Tatián, durante la audiencia públicaconvocada por la Comisión Especial para el Estudio, Análisis, Modernización y Reforma del Código de Faltas de Córdoba, el jueves 11 de diciembre de 2014, en la Legislatura provincial.


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