Se presentó el informe sobre la situación presupuestaria y salarial en la UNC y la FFyH

En sesión del Consejo Directivo del 22 de abril, con una importante cantidad de integrantes de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y diversos actores sociales y políticos, la Decana, Flavia Dezzutto, hizo público un trabajo que desmenuza la gravísima situación económica que atraviesan las universidades nacionales, reclamó por la aprobación de un nuevo presupuesto nacional para funcionamiento y salarios dignos de sus trabajadorxs, y expuso la inequidad de recursos que padece nuestra Facultad en el contexto de la UNC. El documento considera a la educación pública y el conocimiento científico como bienes sociales y logros colectivos que el Estado debe financiar ante proyectos mercantilizadores y elitistas, y expresa la necesidad de profundizar la democracia universitaria y la autonomía de los poderes fácticos para lograr “una educación emancipada y emancipadora”. El HCD pidió sea elevado al Consejo Superior para su tratamiento.

“La única actitud silenciosa que cabe en un instituto de ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla”, arranca el documento elaborado por la gestión decanal de la Facultad de Filosofía y Humanidades citando al Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, una inmejorable y oportuna manera de introducir al agonizante estado de la educación superior en Argentina. Si la única verdad es la realidad, la de las universidades nacionales públicas y gratuitas es desesperante.

Previo a la marcha federal convocada para el 23 de abril en todo el país, y ante una coyuntura presupuestaria sin precedentes (peor incluso que la del año 2002, después del estallido del 2001), la gestión decanal elaboró un documento sobre la situación presupuestaria y salarial de la UNC y de la FFyH, que fue presentado en la sesión del lunes 22 de abril en el Concejo Directivo y que se elevará al Consejo Superior de la UNC para su tratamiento. En esta instancia pudieron expresarse lxs consejerxs estudiantiles, docentes y nodocentes Carolina Suescun, Javier Moyano, Claribel Cecato, Oliverio Mendoza, Camila Ávila, Sofía Seijo, Nicolás Rabboni y Silvana Fernández.

Además sumaron sus palabras la diputada nacional Gabriela Estévez, la sobreviviente de La Perla y militante de derechos humanos, Graciela Geuna, el miembro del Comité Democrático Haitiano, Henry Bosrolin, la representante del gremio Satsaid, Gabriela Gómez,  y de docentes, nodocentes y estudiantes de la FFyH. También participaron el dirigente de UEPC, Juan Monserrat, el integrante de la agrupación Hijos, Gustavo Palacios, y distintos representantes de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos.

En el primer párrafo, el Informe resalta lo que ha puesto a toda la comunidad universitaria y científica del país en estado de alerta y movilización: “la gravísima situación actual de las UUNN (universidades nacionales) de la Argentina, que sufren una asfixia presupuestaria sin precedentes”, debido a que “el presupuesto para gastos de funcionamiento en 2024 es el reconducido de 2023, es decir, el formulado en septiembre de 2022 y sancionado por el Congreso Nacional en marzo de 2023”. Ante esta situación, señala que “es preciso advertir que dicha reconducción, no avalada por ningún instrumento legal de mínima calidad institucional, es absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades de la UNC y de la FFyH, en un contexto inflacionario que suma alrededor del 300%”.

Entre esas necesidades están los salarios de los trabajadorxs docentes y no docentes, que desde diciembre de 2023 sufrieron la pérdida de 36 puntos porcentuales, sin ninguna posibilidad de discutir paritarias, y de esa masa de trabajadorxs un 20% no recibió ningún tipo de aumento. “A esto debemos sumar la eliminación de FONID, con el impacto en términos fuertemente negativos que produjo en los colegios preuniversitarios, y en el sistema educativo en general”, agrega el Informe.

Ante los anuncios del gobierno nacional de supuestos incrementos para el funcionamiento operativo –no para salarios, que son el 90% del presupuesto universitario-, el informe dice que “al no contar con el Presupuesto Nacional para el año 2024, la fragilidad del financiamiento del sistema público de educación superior es extrema. Ni siquiera el prometido primer aumento del 70% diferido desde su anuncio en marzo, junto al nebuloso ofrecimiento de igual porcentaje para mayo llega a cubrir el 300% de escalada inflacionaria, con sus consecuencias devastadoras sobre gastos de funcionamiento y salarios”.

Además de lo económico, el trabajo señala la “arbitrariedad a la que las universidades públicas estamos sometidas, teniendo que esperar y rogar día a día por alguna actualización, con total imprevisibilidad respecto de la disponibilidad de recursos para efectuar las tareas habituales, y sin ningún instrumento de validez institucional para regular y reclamar las asignaciones correspondientes”.

Frente a este panorama de incerteza, la FFyH resolvió atender prioridades como el mantenimiento de las becas estudiantiles y los contratos equiparados de cargos nodocentes iniciales y de monotributo, a los fines de garantizar “un “piso” de recursos para los sectores estudiantiles más afectados por la actual situación socioeconómica, y los puestos laborales que se remuneran por vía contractual”.

La FFyH, doblemente perjudicada

El 3 de abril el Honorable Consejo Superior aprobó una resolución en la que se detalla el Presupuesto de Gastos de la UNC, que se debatió en la Comisión de Vigilancia y Reglamento y no de manera pública, como la FFyH hubiera querido: “Esta situación fue causada por la decisión de las autoridades rectorales de que la sesión del HCS fuera realizada a puertas cerradas, y que buena parte de los puntos del Orden del día se aprobaran en un solo acto, entre ellos el correspondiente al mencionado Presupuesto, ante la presencia de una manifestación estudiantil en las dependencias anexas a la Sala de Sesiones de dicho Consejo”.

Como consta en el Anexo de la RHCS-2024-213-E-UNC-REC, ahí se prevé una suma total para gastos de funcionamiento e inciso 1 (incluye cargos docentes y nodocentes), de 128.114.485.754, correspondiendo a la FFyH la suma de 3.628.522.935, de los cuales 117.826.179 corresponden a gastos de funcionamiento, y el resto a inciso 1. Si a la cifra mencionada se suman otras fuentes de financiamiento habituales, como el Programa de Fortalecimiento Institucional, los refuerzos para compensar el saldo negativo o “rojo” en inciso 1, entre otros, los aumentos producidos por la reasignación de fondos decididos por el área central de la UNC, que incluye el 70% de aumento propuesto por el gobierno nacional para marzo, “no alcanzan a cubrir en una proporción mínimamente razonable el desfasaje producido por el altísimo índice de inflación acumulada entre 2023 y los primeros meses de 2024, sin que durante 2023 haya habido ninguna actualización presupuestaria, aun en el marco de altísima inflación”.

A eso debe sumarse que “la FFyH posee una asignación presupuestaria notablemente baja en relación al resto de las UA, si se considera su actividad académica de grado, posgrado, desarrollo en investigación y extensión, complejidad edilicia, dependencias a su cargo, entre otros ítems”.

Por este motivo, al momento de asumir la actual conducción rectoral, la Facultad solicitó “la revisión general de los criterios de asignación de presupuesto en 2022”, lo que se reiteró sin éxito durante 2023, “criterios institucionales asumidos históricamente y que nos mantienen en una posición desventajosa y desajustada respecto de la realidad de nuestra necesidad de recursos”. Por este motivo, y luego de diversas presentaciones al área central de la UNC, la Facultad ha solicitado financiamientos específicos y está preparando su propia presentación de reconsideración de los criterios antes mencionados”.

Señales contradictorias

La otra preocupación que expresa el Informe se refiere a los posicionamientos de las autoridades rectorales de la UNC, porque si bien han afirmado que “es imprescindible que el gobierno nacional actualice el presupuesto para todas las universidades nacionales”, al mismo tiempo y en múltiples oportunidades expresaron que el funcionamiento de la UNC “está garantizado para 2024”. “No podemos compartir, en términos reales los criterios que sustentan estos dichos, excepto que consideremos que tal funcionamiento supone la mera supervivencia a niveles mínimos, con una menguada y precaria actividad académica de grado y de posgrado, sin poder sostener adecuadamente los sistemas de becas para estudiantes y egresadxs, con exiguos subsidios para la actividad de investigación, con situaciones edilicias de imposible solución, con sustantivas dificultades para desarrollar proyectos de extensión, con una infraestructura de compleja renovación y manutención, y con salarios y condiciones de vida de lxs trabajadorxs universitarixs en incesante baja”.

Además de reclamar que el gobierno nacional “cumpla sus obligaciones constitucionales con las universidades nacionales en términos de su sostenimiento económico”, la FFyH exige el “cese en sus políticas persecutorias hacia la comunidad universitaria y culmine la campaña de hostigamiento y difamación hacia la educación pública superior”.

Bienes comunes y colectivos

La orientación política e institucional es otro de los ejes abordados en el Informe, en el cual se afirma que resulta “imperativo rechazar las pretensiones mercantilizadoras y elitizantes en nuestros proyectos académicos, que no han llegado con el actual gobierno nacional, sino que campean entre nosotrxs desde la sanción de la LES y que culminan por negar la concreción real del derecho a la educación superior, cuando se la fragmenta en carreras cortas, flexibles y creadas por las necesidades del mercado, y otras trayectorias académicas pagas, que implican recursos onerosos, aunque no escapen como tales a las formas de legitimización de los saberes que organiza el mercado”.

Por este motivo, el Informe exhorta a “profundizar sustantivamente la democracia universitaria, y comprender a la autonomía como independencia de los poderes fácticos, lo que hace posible apostar a una educación superior emancipada y emancipadora”.

Como lo ha sostenido históricamente, para la FFyH el conocimiento que se produce en las universidades nacionales “es un bien social, que no puede ser apropiado o parasitado por intereses privados, sino puesto a disposición de la sociedad en su conjunto, especialmente de los sectores que más lo necesitan, pues han sido sistemáticamente excluidos de la educación, de la salud, del buen vivir”. Lo mismo cabe para la producción científica, porque la investigación es también un derecho, y por lo tanto “debe ser sostenida por el Estado”.

Como parte de una trama social y política que trasciende los ámbitos puramente académicos, la defensa de las universidades, sus condiciones concretas de existencia, se nutren “de la Memoria de las luchas de muchos y muchas, incluso de quienes jamás conocieron la vida universitaria. La enseñanza y la ciencia libre, la autonomía y el cogobierno y autogobierno, la gratuidad, la educación superior como un derecho, son logros colectivos, siempre en tensión, siempre bajo amenaza, en ocasiones bajo amenaza extrema, como en el presente, pero también son logros llenos de promesas, de potencias, y de contenidos políticos sobre los que debemos reflexionar y a partir de los cuales podemos proyectarnos”.

De cara a la marcha federal y con una activa participación de toda la comunidad universitaria de Filo, la Decana, conmovida por lo que estaba ocurriendo en la Sala A del Pabellón Residencial, invitó a “caminar con los 30.000, con nuestras Madres y Abuelas, con los Hijos, fieles a la marca de nacimiento a la vida democrática de la FFyH y acompañadxs por las enseñanzas y la vida de María Saleme de Burnichón”.

Como respuesta al discurso macartista –como lo señaló con precisión el consejero Moyano-, instalado desde el gobierno nacional y reproducido por sus trolls y medios afines, sobre el supuesto “adoctrinamiento” que existe en las universidades públicas, las autoridades de la Facultad de Filosofía y Humanidades y sus órganos de gobierno redoblaron la apuesta al señalar que “no marchamos sin banderas, marchamos con el río turbulento y fecundo de la historia de los pueblos, marchamos para abrir camino, no meramente para conservar lo que hay, marchamos para que la universidad pública, la UNC, la FFyH, puedan hacer un aporte verdadero para dar vuelta un mundo. No se nos pedirá menos”.

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