El Área Feminismos, Género y Sexualidades del CIFFyH y el Programa de Género, Sexualidades y ESI de la FFyH, junto con otras organizaciones, participaron en la jornada de homenaje que se llevó a cabo el 14 de marzo en la Facultad de Psicología.
A 15 años del asesinato de Silvia Suppo, el viernes 14 de marzo, integrantes de las áreas de género de las Facultades de Psicología y de Filosofía y Humanidades, familiares y compañeras de Silvia Suppo y militantes de Derechos Humanos realizaron una jornada de reinstalación del mural que habían sido realizado en mayo de 2013 en la Facultad de Psicología y cubierto con pintura como parte de una limpieza del edificio. El artista convocado fue Gonzalo Amieva, quien también trabajó en la restauración del mural en homenaje a Eugenio Talbot en la FFyH.
El mural había sido realizado por la agrupación “Las histéricas, las mufas y las otras” y el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo en el edificio de la Facultad de Psicología. “Ante la falta de voluntad política de los gobiernos nacional y de Santa Fe con complicidad de la Justicia y los medios, exigimos ¡esclarecimiento ya del asesinato político de la testigo en los juicios contra el terrorismo de estado en Santa Fe! Verdad y Justicia por Silvia Suppo”, decía el mensaje junto a la imagen de Suppo.
En diciembre de 2023 fue cubierto con pintura y frente a esto, las áreas de género de la Facultad de Filosofía y Humanidades y de otras unidades académicas e integrantes de las agrupaciones que habían realizado el mural, organizaron una acción de repudio y pedido de desagravio. Difundieron un documento en el que se denunciaba la situación y se solicitaba al Consejo Directivo de la Facultad el desagravio de la memoria de Suppo y la realización de un nuevo mural. “Les pedimos que haya una protección y una defensa activa de las políticas de derechos humanos y de género en la universidad, y en la facultad en particular”, dijo Ivana Puche, miembro del Área Feminismos, Género y Sexualidades del CIFFyH, al periódico Pausa.
El documento recibió adhesiones de personas y organizaciones del todo el país y fue entregado a las autoridades de la Facultad, quienes el 25 de marzo de 2024 autorizaron realizar un nuevo mural.
Justicia por Silvia Suppo
Suppo fue una militante de la ciudad de Rafaela, testigo y querellante en causas por delitos de lesa humanidad cometidos en Santa Fe durante la última dictadura cívico militar. En 1977, fue secuestrada y trasladada al centro clandestino de detención La Casita, donde sufrió torturas, violencia sexual, un embarazo producto de una violación y un aborto forzado. Su testimonio, junto al de otras mujeres del país, fue fundamental para demostrar que la violencia sexual fue una práctica sistemática del terrorismo de Estado.
A comienzos de 2010, Suppo ya había declarado en el juicio que condenó al exjuez federal Víctor Brusa por delitos de lesa humanidad, pero aún le faltaba dar testimonio en el juicio por la Megacausa Rafaela, en la que se investigaban crímenes cometidos contra ella y otros militantes de la ciudad. Sin embargo, no pudo hacerlo porque la mañana del 29 de marzo de ese año, a plena luz de día, la mataron a puñaladas en su local comercial.
El hecho, que sacudió a la ciudad, comenzó a ser investigado por el Poder Judicial de la provincia como un asesinato en ocasión de robo. Pero en 2011, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se investigue el móvil político y el caso pasó al fuero federal. Sin embargo, los jueces federales no avanzaron en esa dirección y, en cambio, dividieron la causa en dos. Por un lado, juzgaron a dos jóvenes que lavaban autos en el centro de la ciudad, a quienes responsabilizaron de haberla matado luego de robarle dinero y unos objetos de bijouterí.
Por otro lado, la causa que investiga el crimen de Suppo por su condición de testigo nunca avanzó. Primero, estuvo a cargo del entonces juez Reinaldo Rodríguez, apartado del caso en 2013, y quien en octubre de 2024 debió renunciar a su cargo tras ser denunciado por presuntas amenazas, violencia de género y maltrato laboral por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UPCN). Luego, el caso pasó al juzgado de Marcelo Bailaque, quien en noviembre de 2024 fue imputado por incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato en causas vinculadas al narcotráfico. En este contexto, el asesinato de Suppo sigue impune.
Fotos y fuente: periódico Pausa
