El día 9 de abril, integrantes del grupo Conversaciones Necesarias, compuesto por pedagogas de todo el país, se hicieron presentes en el Palacio Pizzurno de la ciudad de Buenos Aires y elevaron una petición de audiencia con el Secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, por los preocupantes acontecimientos que se vienen produciendo en el marco de su Secretaría en el Ministerio de Capital Humano de la Nación. Además, le presentaron una declaración firmada por más de 3000 docentes, investigadores y profesionales de la educación y 350 personalidades del exterior que manifiestan su inquietud frente al posible desmantelamiento de políticas y programas que han sido pioneros en nuestro país.
Guadalupe Molina, directora y docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la FFyH, y Marcela Pacheco, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, participan del grupo Conversaciones Necesarias junto con Teresa Artieda, Alejandra Birgin, Sandra Carli, Myriam Feldfeber, Nora Gluz, Anahí Guelman, , Graciela Morgade, , Marina Paulozzo, Roxana Perazza, Patricia Redondo, Patricia Sadovsky, Analía Segal, Silvia Serra, Marcela Sosa, Myriam Southwell y Sofía Thisted, y fueron quienes redactaron la declaración titulada “CON LA MILITARIZACIÓN DE LOS ÁMBITOS PÚBLICOS DE TRABAJO CRUZARON UN LÍMITE”. Además, por la Facultad de Filosofía y Humanidades adhirieron la decana Flavia Dezzutto y referentes de Ciencias de la Educación de Córdoba como Alicia Carranza y Gloria Edelstein, entre otras.
El texto expresa su preocupación “por los ataques que vienen sufriendo la educación pública y las universidades públicas, y quienes trabajamos en estos ámbitos, a la vez que la indignación por la irrupción de fuerzas represivas en distintos organismos del Estado, entre otros la Secretaría de Educación, a la que fuera degradado el ex Ministerio Nacional, con sede en el histórico Palacio Pizzurno, tal como medios de comunicación y redes sociales han registrado”.
“La instalación de agentes policiales fue la medida para sostener el reciente despido de al menos 15.000 trabajadores contratados y de planta de los ex Ministerios Nacionales y otros organismos estatales, y se encuentra en riesgo en próximos meses la continuidad de otros contratos. La estrategia amplia, violenta y despiadada del gobierno de Javier Milei para el desguace del Estado pone en riesgo a la educación desde el nivel inicial hasta la universidad”, continúa la declaración.
Asimismo, advierte que la eliminación del FONID, cuya consecuencia es la pérdida de hasta el 20% del salario docente y la no transferencia a las provincias del Fondo de Compensación Salarial Docente; sumado al desfinanciamiento de la educación pública al mismo tiempo que se generan nuevos subsidios para el sector privado («vouchers educativos»); la desarticulación de programas como Conectar Igualdad o el Plan Nacional de Lectura; el desmantelamiento del Instituto Nacional de Formación Docente; el congelamiento del presupuesto para el Servicio Alimentario Escolar; la decisión del gobierno de que las universidades nacionales se manejen con el presupuesto del 2023, “se trata de medidas que atentan contra el presente y el futuro de la educación en la Argentina”.
“El discurso del gobierno se enfoca en un permanente hostigamiento en el espacio público de las y los trabajadores estatales de todos los estamentos, descalificando las tareas que realizan, señalando falsamente el incumplimiento de sus obligaciones y acusándolos de gozar de privilegios indebidos por el solo hecho de estar insertos laboralmente en el ámbito estatal. La violencia de las expresiones a las que se apela crea un clima social hostil que pretende destruir los valores que configuran nuestro pacto democrático, arduamente construido en los últimos cuarenta años, para sustituirlos por modos de relación social basados en el odio, el desprecio, el insulto, la desconfianza y la crueldad”, señalan.
Por último, el comunicado rechaza “de manera categórica el discurso y la estrategia del gobierno nacional, que bajo la defensa de la libertad del mercado busca arrasar contra el Estado, sus producciones y agentes”. “Tenemos absoluta convicción de que esta estrategia de daño y destrucción solo agravará el presente y el futuro de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sus trayectorias educativas”, concluye el documento al que adhirieron más de 350 personalidades del exterior, ya que la Argentina, más allá de los gobiernos que se han sucedido desde la recuperación de la democracia, se ha caracterizado en el marco de América Latina por el desarrollo de proyectos innovadores y democratizadores de gran relevancia.
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