Basta de ecocidios

Sólo durante los últimos seis días en en el departamento Punilla los incendios han consumido más de 16.000 hectáreas, convirtiendo en cenizas la vida de nuestras sierras, afectando de modo irreversible la sustentabilidad de ecosistemas fundamentales que regulan, entre otros, los sistemas hídricos, vitales para todas las especies que habitamos este planeta…

El incendio del valle de Punilla fue iniciado en Capilla del Monte y se extendió hacia diferentes puntos cardinales llegando a San Marcos Sierras, Los Cocos, San Esteban, atravesó las cumbres serranas y llegó hasta Ascochinga. Según datos oficiales, se incendiaron 20 viviendas en Capilla del Monte y 6 en San Esteban, hubo al menos 50 evacuados. Mientras escribimos, los focos continúan activos en el valle de Punilla, Sierras Chicas, Calamuchita y Chancaní. En los últimos cinco años se han quemado en nuestra provincia más de medio millón de hectáreas y nada ha cambiado en materia de protección ambiental.

Hoy, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresó que destinará 5.000 millones de pesos para “reparar el daño ambiental, productivo y material que el fuego está provocando”.  Y en tal sentido queremos llamar a reflexionar sobre la imposibilidad de abarcar económicamente el valor de los daños. ¿Acaso puede comprarse y reponerse la biodiversidad de un bosque en la complejidad de sus componentes? ¿Puede “pagarse” la pérdida de un paisaje? ¿Acaso pueden recuperarse las generaciones perdidas a partir de la muerte de cada uno de los miles de animales incinerados? ¿Cuántos años le lleva a cada árbol crecer? ¿Cuántos años tarda un ecosistema en recuperarse? ¿Puede recuperarse?  La complejidad de los ecosistemas nativos, sus equilibrios ecosistémicos, son resultado de complejas relaciones adaptativas de millones de años de múltiples especies entre sí y en relación a condiciones geográficas y climáticas. La destrucción ambiental excede ampliamente cualquier lógica economicista de “reparación de daños”, los daños son sistémicos, afectan de manera inabarcable a todo el planeta y se extienden en el tiempo afectando también a generaciones futuras. ¿Acaso tal cosa podría calcularse en dinero? El dinero no puede restaurar tal ecocidio. Resulta imperioso cambiar las lógicas con las que pensamos, sentimos y nos relacionamos con la naturaleza con la que existimos.

Por todo esto, exigimos que los recursos, las energías y, sobre todo, la determinación política se orienten a la protección, la prevención y la reparación ambiental.

En estos días se han multiplicado las denuncias sobre la existencia de personas con bidones de combustible que habrían iniciado intencionalmente los incendios en Capilla del Monte. Incluso, se informó que hay dos detenidos por estos hechos. El gobernador hoy manifestó en la prensa que debía “caer todo el peso de la ley sobre los detenidos” e, incluso, elevarse las penas por estos delitos. Coincidimos con el gobernador en que las penas contra los incendiarios deben ser más graves, pero además  y fundamentalmente debe investigar y penar a los instigadores. Consideramos impostergable investigar las causas estructurales de las prácticas incendiarias. ¿Cuál es el móvil de estos incendios? ¿Hay ideólogos o instigadores por encima de estos detenidos? ¿Quiénes son?

Desde hace décadas organizaciones ambientales e investigaciones académicas vienen alertando sobre las relaciones entre los incendios y el avance de las autovías, de la frontera agropecuaria e inmobiliaria y de la explotación minera.

Al respecto, no pasan desapercibidas las palabras del presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, quién la semana pasada en el acto de apertura de la última Exposición Rural intentó responsabilizar de los incendios a las Reservas Naturales y la Ley de bosques de la provincia, argumentando que las leyes proteccionistas generan “material combustible”. Agregó temerariamente que: “se seguirá incendiando”, como forma de presión para reformar los ordenamientos territoriales en materia de protección de bosques nativos y reservas hídricas y naturales que “limitan” la expansión de las actividades agropecuarias.

Repudiamos el intento de desviar tan burdamente las responsabilidades incendiarias hacia las pocas leyes de la provincia que protegen áreas naturales y ponen un límite a la avidez ecocida de los negocios agropecuarios e inmobiliarios. Repudiamos a los medios de comunicación que, recibiendo pauta de la Sociedad Rural, están promoviendo esta versión falaz de los acontecimientos. Los bosques sólo pueden ser vistos como “material combustible” por aquellos que tienen una visión incendiaria.

Por todo lo expuesto, solicitamos enérgicamente al gobernador de Córdoba que declare la EMERGENCIA AMBIENTAL de la provincia, que arbitre medidas urgentes para maximizar la protección de las áreas afectadas haciendo cumplir la prohibición de cambio de uso de suelo, tal cual ya lo establece la Ley, maximizando las políticas de prevención, protección y reparación ambiental; agudizando las investigaciones y las penas contra los incendiarios (ejecutores e ideólogos) a fin de evitar nuevos episodios. Pero, más allá de las prácticas punitivistas, resulta imperioso cambiar los modelos de “desarrollo” y las prácticas políticas y jurídicas que promueven el extractivismo y otorgan impunidad a los ecocidas.

Estamos en emergencia climática global, las decisiones y acciones en materia de protección ambiental deben realizarse AHORA.

Córdoba, 23 de septiembre de 2024