Organizado por la Mesa de Trabajo, más de trescientas personas y decenas de organizaciones sociales se encontraron el sábado 30 de noviembre en el Pabellón Venezuela de la FFyH, con el objetivo de debatir el actual contexto político y elaborar propuestas que busquen incidir en las políticas públicas provinciales y nacionales.
Ni la lluvia, ni el horario tempranero de un sábado, ni el desánimo que genera el momento político que atraviesa la Argentina, con un gobierno apologista del Terror de Estado, alcanzaron para restarle volumen y contenido a un nuevo Encuentro Provincial de Derechos Humanos, que cada dos años organiza la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba.
Todo lo contrario. Luego de la acreditación y un desayuno habilitado a todxs lxs presentes, el auditorio Hugo Chávez y las aulas del Pabellón Venezuela de la Facultad de Filosofía y Humanidades fueron los espacios donde más de trescientas personas y decenas de organizaciones sociales y comunitarias se encontraron para debatir el actual contexto político nacional y provincial, pero fundamentalmente para pensar y elaborar propuestas y agendas temáticas que busquen incidir en el diseño de las políticas públicas.
Previo al trabajo en las comisiones propuestas (Memorias, Verdad, Justicia e Identidad, Violencia institucional y seguridad democrática, Juventudes, Culturas, Géneros, Niñeces y Adolescencias, Ambiente, territorio y pueblos originarios, Foro Sindical de Derechos Humanos, Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos, Fútbol, Deporte y Derechos Humanos, Salud y Comunicación), Emiliano Salguero y Luciana Figueroa leyeron el documento que había convocado al Encuentro, elaborado con el aporte de todas las comisiones que integran la Mesa: “Nos encontramos nuevamente como desde el 2009 en el Encuentro Provincial de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, este espacio desde el cual seguimos ejercitando la memoria y construyendo comunidad en nuestra provincia”.
En un contexto muy adverso para los derechos humanos en sus múltiples dimensiones desde la asunción de Javier Milei al gobierno nacional, la Mesa destaca la importancia de renovar “nuestro compromiso con la defensa de la identidad nacional, la justicia social y los derechos humanos, pilares fundamentales de nuestra democracia. Entendiendo siempre que la patria es el pueblo, sus conquistas, su lucha, su memoria y su historia”.
En este sentido, señalan mantener “una postura inquebrantable en la defensa de un país soberano, democrático y plural, donde los derechos de todos y todas sean garantizados, y donde la verdad y la justicia sigan siendo los principios rectores de nuestra lucha”.
“A pesar de los avances democráticos, las consecuencias de las políticas del pasado, como el sistema financiero, las privatizaciones y el ajuste económico, continúan afectando a las mayorías populares. La memoria de los 30.000 compañerxs detenidxs-desaparecidxs es un pilar fundamental, y la lucha por la justicia no ha cesado. El negacionismo y la apología del terror de Estado por parte de algunos sectores políticos contemporáneos pone en peligro los avances en derechos humanos”, agregan en otro párrafo.
Los discursos no solo negacionistas, sino apologistas del Terror de Estado, que bajan desde las principales esferas del poder nacional, son un ejemplo de que “la construcción de un consenso democrático que sostiene los preceptos de Memoria, Verdad y Justicia, y que reivindica toda la experiencia organizativa y las conquistas de este camino de lucha, sigue siendo un acuerdo mayoritario en nuestra sociedad”. Ante esos discursos reaccionaron, la Mesa sostiene que es necesario “un esfuerzo de afinar la sensibilidad para leer e interpelar este momento social, y de no escatimar en la creatividad política para generar herramientas de lucha”.
Otro punto central del documento es la definición de derechos humanos en un sentido amplio, que busca “abarcar todos los aspectos que afectan a la vida humana. Un enfoque integral de los derechos humanos incluye los derechos sociales, económicos, culturales, políticos, ambientales y de género, todos interconectados. Las organizaciones sociales han adoptado esta visión para abarcar las múltiples dimensiones de las injusticias que afectan a los sectores más desfavorecidos. Este enfoque integral es esencial tanto en la lucha social como en la acción colectiva, donde cada derecho debe ser promovido y defendido en su totalidad. Es a través de esta visión amplia que se puede garantizar una vida digna y justa para todos, sin exclusiones”.
La diversa y heterogénea participación de organizaciones en el Encuentro era una clara muestra de dicha amplitud, como también la necesidad de la unidad en el campo popular: “La unión es clave en la lucha contra las injusticias ya que permite consolidar una fuerza colectiva capaz de enfrentar los intereses de las élites. La diversidad fortalece el movimiento, porque distintas organizaciones y sectores sociales aportan perspectivas y estrategias diversas. El Estado no debe ser visto únicamente como un instrumento de las clases dominantes, sino como un campo legítimo de disputa para las organizaciones populares que buscan cambiar las políticas públicas. Este encuentro es fundamental para fortalecer la lucha y construir una agenda común que promueva la justicia social. Nuestra construcción movimientista permite que la acción política esté arraigada en las bases organizativas y en la participación activa de las comunidades. Se trata de que cada individuo se sienta parte activa de un propósito común, fortaleciendo el sentido de comunidad, solidaridad, compromiso y cambio colectivo”.
La dinámica de trabajo grupal por comisiones temáticas buscó no quedar solo en el análisis y en el debate, sino que el Encuentro fuera además una instancia propositiva. Por eso destacan que el encuentro para “definir estrategias comunes, desde el consenso y el respeto mutuo, es fundamental para avanzar en una lucha unificada. A través de la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos, las organizaciones nos articulamos para fortalecer la incidencia política. La movilización colectiva es una herramienta clave en este proceso, ya que fomenta la acción directa de las comunidades. A través de acuerdos programáticos y la construcción de políticas públicas inclusivas, buscando incidir y transformar las condiciones sociales y económicas”.
Disputar todos los territorios
Una de las grandes coincidencias en el documento y en las conclusiones de las comisiones de trabajo fue la lucha por el territorio, terrenal y digital. “La lucha por el territorio es esencial en el contexto de las luchas populares. La defensa de los territorios es una forma de garantizar efectivamente una comunidad organizada. Construir poder local es fundamental para asegurar que las decisiones políticas se tomen en beneficio de las mayorías populares, no de intereses ajenos. Al fortalecer las organizaciones a nivel local, se fortalece nuestra incidencia para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.
Ante un tiempo en el que lo digital atraviesa no solo la vida cotidiana, sino también los proyectos políticos y el discurso público, el documento afirma que “nuestra experiencia de sostener luchas en desventaja nos enseñó a valorar el territorio como lugar de la experiencia humana básica, la de carne y hueso, la de nuestras vivencias que alegran o amargan el cuerpo entero, la que se da en interacción con otras personas, con las comunidades y sus contradicciones más inmediatas. Nunca pudimos equipararnos en el terreno de los medios, sino que lo contrarrestamos con territorialidad real. Este momento nos lleva a la necesidad de reflexionar sobre el modo de articular esfuerzos tomando en cuenta que el campo de la comunicación masiva adquiere nuevas dinámicas producto de redes, entornos digitales, algoritmos cuyo uso se paga para incidir en el flujo de información y comunicación, recopilación y análisis de datos a los que se accede desde determinados sectores con mayor poder. Nos deberemos preguntar cuál es nuestra capacidad real de incidir y acortar desventajas en este nuevo esquemas de comunicación masiva, y sobre todo entender cómo podemos acortar esa desventaja usando el punto de partida que ha sido nuestro capital político histórico: el de la lucha y la organización cuerpo a cuerpo”.
Cuando todo parece efímero, sin historia ni pasado, la Mesa tiene en claro que “la construcción de un nuevo proyecto político debe cimentarse sobre principios que promuevan la justicia social, la soberanía política, la independencia económica, y una participación inclusiva, pero sobre todo, solidaria. La solidaridad se convierte en el eje fundamental para crear un futuro colectivo, donde cada acción y decisión esté dirigida a garantizar el bienestar de todos, sin excluir a nadie”.
En este sentido, señalan “la memoria histórica es esencial, ya que nos permite aprender de las luchas pasadas, reconocer los errores y aciertos, y fortalecer la identidad colectiva, uniendo a las personas en torno a un propósito común. Crear ‘Otra Córdoba’ significa replantear la ciudad y la provincia no solo desde una óptica de desarrollo, sino con una mirada profunda hacia la equidad y la justicia social, donde la solidaridad sea el motor que impulse cada cambio, buscando siempre el bien común y el respeto a los derechos humanos”.
Frente a una realidad política que hasta pone en cuestión o desafía los consensos alcanzados en cuarenta años de democracia ininterrumpida, los retos siguen siendo grandes, ya que las amenazas al proceso democrático y los derechos conquistados están muy presentes. “El futuro requiere consolidar la unión, que debe ser el motor de la lucha para garantizar la continuidad de la democracia y los avances sociales. La construcción de una sociedad más justa dependerá de la capacidad de las organizaciones para seguir avanzando en unidad, resistencia y construcción para hacerle frente a los desafíos que se presenten y proyectando nuevas luchas para el bienestar colectivo”, dice el texto leído por Salguero y Figueroa.
Y, desde esa mirada, remarcan que “el rol político que creemos hoy tiene la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos es humanizar la política, apostar a la formación política, construir comunidad y participación, fortalecer la unión multisectorial, incidir en la política pública y luchar por una patria para todos y todas”.
Culminada la primera instancia del trabajo en comisiones, el Encuentro abrió pasó a un plenario, donde se compartieron las primeras conclusiones. En ese momento, Leandro Inchauspe, secretario de Coordinación General de la FFyH, compartió unas palabras en representación de las autoridades decanales de la Facultad, que se encontraban participando de una nueva edición de la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación.
En su intervención, Inchauspe destacó el doble vínculo de la Facultad con los Derechos Humanos en sentido amplio: “Primero porque en su conformación histórica albergó en las décadas de 1960 y 1970 a una gran parte de quienes protagonizaron los procesos de lucha política –y por ello fueron destinatarixs directos, en muchos casos, de la represión del terror de Estado dictatorial-, y porque participó en la creación del movimiento de Derechos Humanos que abordó los hechos y procesos de represión ocurridos en estos más de cuarenta años de vida democrática. Y segundo, por las disciplinas y programas institucionales de la FFyH que se imbrican con las acciones de Memoria, Verdad y Justicia; Violencia Estatal; Géneros y ESI; Pueblos Originarios; Naturalezas y Ambiente; Contextos de Encierro; Derechos Lingüísticos y Derecho al a Educación en general. De hecho, este compromiso disciplinario e institucional se vio reflejado en la participación en este nuevo Encuentro organizado por la Mesa de Trabajo, de un numeroso grupo de docentes, miembrxs de la gestión, estudiantes, egresadxs y nodocentes”.
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