El Consejo Directivo aprobó una declaración en defensa de los derechos a la tierra de la Comunidad Comechingona de Candonga-El Manzano, asediada por intereses mineros e inmobiliarios. Integrantes de la Facultad acompañaron a la familia López a los Tribunales de Jesús María ante la intimación judicial para que abandonen el lugar que ocupan ancestralmente y en el cual existen restos arqueológicos y sitios ceremoniales de su cosmovisión.
“Ante las amenazas reiteradas y el agravamiento de la situación que vienen denunciando lxs integrantes de la Comunidad Comechingón Pluma Blanca, este Honorable Consejo Directivo declara su más enérgico repudio ante una nueva amenaza de desalojo que sufren los integrantes de la Comunidad Comechingón Pluma Blanca de la localidad de Candonga – El Manzano”, señala la Declaración del Consejo Directivo de la FFyH, aprobada por unanimidad el 27 de junio pasado.
Unos días antes, autoridades e integrantes de la Facultad habían acompañado junto a otras comunidades originarias y organismos de derechos humanos a la familia López a los tribunales de Jesús María, luego de que recibieran la intimación judicial para que desalojen tierras que ocupan ancestralmente, de gran riqueza arqueológica y antropológica.
En su Declaración, el HCD exige “el inmediato cumplimiento de la Ley 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país, y que suspende por el plazo de emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”
En otro punto, reclaman que “se hagan efectivos los derechos consagrados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que tiene jerarquía en nuestra Constitución Nacional, el Artículo 75, inciso 17 de esa Carta Magna y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de año 2007, la que en su Artículo 8, inciso 2, afirma que “los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de (…) b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos”.
Además de los derechos a la tierra, el texto aprobado por el Consejo apunta a la conservación del patrimonio arqueológico en la zona: “Es importante señalar la Ley Nacional N° 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, que evita el daño, la pérdida o el deterioro de sitios históricos y arqueológicos, rituales y celebraciones tradicionales, paisajes y reservas naturales, entre otros; y la Ley Provincial N° 5.543, teniendo en cuenta que se halla en trámite el pedido de restitución de restos mortales de aborígenes y declaración de sitios sagrados (Ley Nacional N° 25.517 y Ley Provincial 10.317)”
En el caso de la Comunidad Pluma Blanca, existen pruebas irrefutables sobre su continuidad histórica en el territorio, el que habitan por generaciones. En este sentido, la Declaración denuncia que el “avance de particulares sobre los territorios de las comunidades originarias es constitutivo de la historia de esta provincia, como bien señalan numerosas investigaciones publicadas por investigadores de esta facultad. Convalidar el desalojo implica la violación de las leyes vigentes, a la vez que la complicidad con actores vinculados a políticas extractivistas, que incumplen con las normativas sobre protección del medio ambiente, entre otras la Ley Provincial de Bosques N° 9814”.
La FFyH acompaña desde hace tiempo el reclamo de varias comunidades, entre ellas la de Pluma Blanca. Por eso, la abogada de la Comunidad, Natalia Bilbao Carmona, decidió anexar al documento que presentó en sede judicial un informe de doble características: arqueológico y antropológico.
José María Bompadre, docente de la Facultad que investiga temáticas indígenas y además es consejero del HCD y estuvo en los tribunales de Jesús María junto a los equipos técnicos de la FFyH y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, explicó que “en el informe arqueológico marcamos todos los estudios previos que hay en la zona en relación al patrimonio indígena o lo que se conoce desde la academia como sitios arqueológicos, pero que las comunidades se lo apropian como sitios ceremoniales o de prácticas ancestrales. En tanto en la parte antropológica del mismo, adjuntamos una mirada y una explicación en relación a la continuación histórica de las comunidades indígenas de Córdoba, invisibilizadas por el Estado provincial”.
Para el investigador, lo que hace el informe es poner en diálogo otros saberes académicos y darle a la Justicia elementos para que no solo frene el desalojo en cumplimiento de la ley, sino que se consideren otras cosmovisiones: “Es necesario pensar en los sitios arqueológicos no sólo como algo del pasado e inerte, que hay que proteger, también se debe contemplar el uso y la apropiación que hacen las comunidades de esos espacios que habitan, donde pueden realizarse plenamente en el plano espiritual”.
El objetivo es que las autoridades convoquen a investigadores e investigadoras y a miembros de las zonas en conflicto, “que podrán explicar esas otras cosmologías de las comunidades indígenas -preexistentes al Estado- que se encuentran en el territorio de Córdoba”, sostuvo Bompadre, presente en sede judicial junto a otras comunidades indígenas de Córdoba, la Mesa Provincial de Derechos Humanos, asambleas ambientales, docentes del ICA y medios de comunicación.
