El equipo de gestión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC rechaza el mecanismo resuelto por el presidente Mauricio Macri al designar por decreto – Nro 83/2015 – a dos nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes podrán permanecer allí en “comisión” hasta el 30 de noviembre de 2016.
Sin necesidad de abrir juicio sobre las calidades de ambos abogados –Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz–, cabe rechazar la vía elegida. Invocando el receso legislativo, se dejaba de lado el trámite exigido por el artículo 99 de la Constitución: una sesión pública donde el nombramiento requiere la aprobación del Senado por el voto de dos tercios de sus miembros presentes.
El decreto inicial prescindía del debate democrático, afectaba la legitimidad e independencia del tribunal, impedía un examen amplio de los candidatos y sembraba dudas sobre la validez de las eventuales sentencias que lleven su firma.
La Corte Suprema inició una etapa de mejora institucional en 2003, cuando por decreto presidencial y a instancias de organizaciones de la sociedad civil se estableció un mecanismo de discusión pública de los antecedentes e ideas de las personas propuestas para integrar el tribunal. Se buscó, además, un equilibrio de género, disciplinas y procedencia regional en la nueva integración.
Ese proceso, consolidado en los últimos doce años, quedaba seriamente amenazado por la decisión presidencial de no convocar al Senado para cumplir su rol constitucional.
Si bien se acaba de publicar en el Boletín Oficial una síntesis de los antecedentes de los juristas designados y se activó el procedimiento legal de discusión sobre los pliegos, como reclamaron representantes de Senado, la ciudadanía bien puede preguntarse cuáles son las razones de urgencia que justifican esta expansión de las atribuciones ejecutivas. Cualquier concepción fundada de democracia, en cambio, exige atravesar las instancias deliberativas para discutir las concepciones jurídicas, filosóficas y éticas que cada posible integrante aportaría al tribunal más alto del país. Ese debate franco y abierto pone en juego la responsabilidad política del Senado, del Presidente y de la ciudadanía. Es inevitable cuando se define la integración de la Corte que determina, en el plano judicial, los contornos de lo constitucional en Argentina.
Contar con una Corte independiente, liberada de cualquier decreto, es crucial para la garantía de todos los derechos humanos. Es necesario para la continuidad de los procesos abiertos por los crímenes de lesa humanidad, para proteger los derechos civiles y políticos, como así también de los derechos y conquistas sociales, y para profundizar los procesos de democratización en el área educativa o de la comunicación, entre otras muchas. Sostener el derecho frente a los poderes fácticos requiere una autonomía firme, incompatible con un nombramiento de bases tan discutibles.
Movilizaciones
Frente a este escenario, el jueves 17 diciembre se llevaron a cabo distintas manifestaciones para repudiar estas acciones a nivel nacional. En Córdoba, la convocatoria fue en la ex Plaza Vélez Sarsfield.
