Los discursos detrás de la megaminería

En una lucha asimétrica, los intereses de esta actividad se ven representados por los grandes medios de comunicación, los estados en todas sus jurisdicciones, ONG’s y fundaciones. Por el otro lado, asambleas de vecinos dan origen a redes para defender el territorio. Los sentidos en disputa. La contaminación o el “desarrollo sustentable”.

Actualmente hay en la Argentina casi 20 proyectos “megamineros” en explotación, diseminados a lo largo de la cordillera andina. La mayoría de ellos con modalidad a cielo abierto. Esto quiere decir que se requiere un uso desmesurado de recursos, entre ellos agua y energía, se interviene de manera violenta en la geografía, se destruyen economías regionales y se afecta directamente al medioambiente. Sin embargo, las grandes empresas transnacionales que se dedican a extraer los metales del subsuelo, buscando alianzas en el Gobierno nacional y las provincias, quieren extenderse por todo el país.

Mirta Antonelli, licenciada en Letras y magíster en Sociosemiótica, es la directora del proyecto radicado en el Área Ciencias Sociales del Ciffyh “Dispositivos hegemónicos y construcción de (neo) mapas en la Argentina actual. Territorio, conflicto, verdad y formas jurídicas en la mega minería aurífera”, que hoy se centra en una segunda etapa titulada: “Modelo minero y proyectos de sociedad: actores, disputas y nuevos escenarios de la Argentina contemporánea”.

Entonces, Antonelli y su equipo de investigación indagan aquí sobre las condiciones productivas de sentidos sociales, los procesos de enunciación y visibilidad, y las políticas discursivas en torno a la megaminería, desde una perspectiva sociosemiótica.  “Vemos cómo tratan los medios y los distintos actores que tienen capacidad de poner a circular y sostener en el tiempo determinados sentidos vinculados a esta actividad”, explica la directora de la investigación.

Después, se analizan los actores hegemónicos con capacidad de instituir los sentidos dominantes para la construcción de consenso para mantener este modelo extractivo, articulado a la “narrativa del desarrollo sustentable”. “Lo primero que uno constata son los actores involucrados en viabilizar el modelo: empresas mayormente transnacionales, el Estado en sus distintas jurisdicciones -nacional, provinciales y municipales-, la red de mediadores simbólicos, desde publicaciones del sector pro minero, boletines para inversores, buffets de abogados, un conjunto significativo de ONG’s y fundaciones que se definen como sin fines de lucro, pero que están trabajando en beneficio de las empresas porque procuran ‘mediar’ con los conflictos territorializados para controlarlos y viabilizar los emprendimientos que quieren instalarse, ya que sin lo que se llama licencia social para operar (el permiso de las comunidades), no pueden llevarse adelante”, continúa.

Antonelli señala que en los tres focos de análisis (actor, actividad e industria) se desarrolla en estas condiciones una “red totalmente asimétrica”, por un lado con actores de enorme poder para instalar sentidos positivos vinculados a la megaminería y por el otro con las “resistencias sociales”. “Ante la amenaza de la instalación de emprendimientos o ante yacimientos que ya están en explotación, las resistencias primeras son territorializadas, es decir, involucran a ciudadanos de los territorios bajo explotación o que están por ser incorporados al mapa de la megaminería. Esto se explica sintéticamente porque es la defensa del territorio, y eso lo hacen quienes viven ahí, que son directamente afectados”.

Sin embargo, no se trata de resistencias aisladas, sino que dieron origen a una red que integra más de 60 asambleas socioambientales de todo el país en la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas). “Esto habla de un segundo nivel de articulación, horizontal como las asambleas territoriales, cuya dinámica procede por consenso y que son apartidarias”, dice Antonelli.

El modelo minero

“El agua vale más que el oro. No a la mina”, dice la pintada sobre una descascarada pared de Santa María, en Catamarca, que eligieron Antonelli y Maristella Svampa, editoras del libro “Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales”. Justamente, esta obra trata de aportar un análisis crítico de las formas que adopta el discurso hegemónico y los nuevos mecanismos de expropiación y dominio en torno a la megaminería a cielo abierto.

A comienzos de los 90, varios políticos empezaron a hacer lobby con el gobierno menemista para facilitar el desembarco de la megaminería en la Argentina. Estos personajes, estaban ligados a los intereses de la Barrick Gold y todavía hoy presentan a su provincia natal como un “paraíso” para la minería. Este proyecto era financiado por el Banco Mundial y el Estado nacional, sancionó las leyes que hacían falta para el despojo subterráneo y que todavía continúan vigentes.

“Observamos que Argentina, junto a un conjunto considerable de países de América Latina y el Caribe, sancionó las leyes de los 90 que hoy rigen y enmarcan la megaminería, lo que llamamos el marco regulatorio. Y esas leyes no se han modificado hasta ahora. En otros países hay un tipo de indicadores que nos permiten tener posturas expectantes respecto a qué puede ocurrir en el escenario nacional, como es el caso de Ecuador”, señala Antonelli.

Las características de este modelo minero son la “multiescalaridad” y la “multiterritorialidad”. “El problema es que esta minería, analizada como un proceso, abarca desde que entran los insumos que se requieren y se desplazan por distintos tramos de la geografía nacional, hasta el traslado del barro que se saca del país como exportación primaria, a su mínimo valor, hay más de 12 provincias involucradas y todas están afectadas de alguna manera, aunque el yacimiento esté en la cordillera”, dice.

Además, por el tipo de territorio donde se encuentran los materiales que buscan –agrega la investigadora- comprometen seriamente a poblaciones campesinas rurales y a pueblos originarios a lo largo de toda la cordillera andina y a muchas ciudades que tienen una dinámica económica perfectamente sostenible, como es el caso de Esquel, con el turismo, la ganadería y la industria alimenticia, además de su universidad pública.

Impactos del proyecto

En 2009 se desarrollaron numerosas charlas, debates y actividades en muchas universidades argentinas. “Fue un punto de inflexión. Produjo un antes y un después en el campo de las argumentaciones, vinculadas al modelo de la megaminería y se ha construido una agenda que no estaba. Por otro lado, parece advertirse que si hasta el 2009 era casi monolítico el enarbolar la narrativa del desarrollo como la gran narrativa legitimadora de la mega minería, hoy eso no es así”, señala Antonelli.

A través de películas, notas e investigaciones, algunos actores con legitimidad social, política y cultural, introdujeron la problematización sobre cómo se hace esta megaminería y quiénes la hacen. “Esto abre otro campo de discusión en torno a las disputas de la nacionalización o no, porque entonces la cuestión del carácter contaminante y el uso desmesurado de agua y de energía que consume lo haría el Estado y así no se soluciona el problema”, añade, porque hoy el Estado está en todo el proceso –desde las concesiones a las transnacionales, sin consultas ciudadanas, hasta la falta u omisión de controles de todo tipo-, y hasta formas de censura y disciplinamiento. Un capítulo especial amerita la criminalización y la judicialización de la protesta social ante el avance de la megaminería y la intervención de “grupos especiales” parapoliciales, como el Kuntur, que reprimió ante la pueblada de Andalgalá. “Lo que sí me parece interesante es que se ha problematizado y creo que estamos en plena discusión, en la que están tomando protagonismo distintos actores en diversos campos de la vida nacional”.

Las resistencias de vecinos autoconvocados, pueblos originarios y comunidades campesinas afectadas hacen evidente y se legitiman en nombre de otros lenguajes de valoración.  “El caso de la nueva constitución de Ecuador es paradigmático, al instituir a la naturaleza como sujeto de derecho, con valor intrínseco. En las resistencias y en las críticas fundadas hay un horizonte o haz de valoraciones –filosóficas, culturales, epistemológicas- que se fundamentan en la convivencialidad intergeneracional, en la sacralidad, en otros modos de acceso y uso de la naturaleza; se han revalorizado los acervos de pueblos originarios en torno a ellos. Los principios del derecho precautorio y preventivo de nuestro derecho occidental también resguardan el valor de la vida sobre la lógica meramente extractivista que rige al modelo minero en curso. Entonces, la pregunta es, pues, como lo plantea Martínez Alier, quién tiene el poder de simplificar esta pluralidad de valoraciones, y arrojar fuera del sentido a estos diversos –pero convergentes o compatibles- lenguajes de valoración”, indica.

– Entonces, ¿cuáles son los objetivos del proyecto? ¿Qué aportan a la discusión?

– Si en algo podemos aportar, es en abonar la legitimación de un campo argumentativo desde un principio de pluralidad de valoraciones con eficacia pragmática, o sea que tenga efectos prácticos, que dé lugar a reglamentaciones, a prohibiciones, a resguardos de las comunidades y de todos, hacer llamados de atención acompañados de proposiciones, no solamente denunciar y alertar, porque… ¿quién es el afectado en esta megaminería? Cuando este modelo como tal se implemente a lo largo de toda la cordillera, los afectados involucran un nosotros del que no está ninguno exento. Aquí hay derechos humanos violados y los informes hablan seriamente de una tendencia en curso, que se ha ido intensificando.

Una mirada sociosemiótica de la minería

Antonelli es egresada de la Escuela de Letras y realizó su maestría en Sociosemiótica. “Ya tenía una primera decisión tomada de no hacer estrictamente estudios de campo literario al haber optado por esa formación. Un objetivo que siempre tuvimos en las investigaciones, fue problematizar la sociosemiótica en relación con otras disciplinas del campo de las ciencias sociales. Desde una perspectiva disciplinar puedo trabajar este problema que involucra a la megaminería”, cuenta.

En 2006, la investigadora tomó contacto con algunos ciudadanos de San Juan que estaban en contra del proyecto Veladero, de la mega minera canadiense Barrick Gold Corporation, que ya tenía en vista a Pascua Lama, “el único emprendimiento binacional del mundo, por el cual nuestro país y Chile cedieron territorio y soberanía y se lo entregaron a esa empresa trasnacional”, aporta Antonelli.

“En ese año nos encontramos con que el modelo minero ya está en marcha, y no todos quieren aceptar las condiciones de posibilidad y existencia de cómo se está llevando adelante esta megaminería, que es de una envergadura inaudita a lo que se conocía, que manipula enormes volúmenes de roca, consumos de energía y agua fuera de toda escala poblacional”.

En esta época también toma estado público el corte del puente Gualeguaychu-Fray Bentos. “Ese fue el primer hallazgo de una emergente vinculada a problemáticas socio-ambientales, donde asistíamos a la reconfiguración de un concepto de comunidad vinculada a la defensa de los bienes comunes y del problema del agua, como sinónimo de vida. Entonces decidimos, al aparecer este tema y ver que el de la megaminería estaba invisibilizado, empezar a interrogarnos por qué, así como se ponía en discurso público  -mediático y político- el fenómeno y el problema medioambiental de Gualeguaychu vinculado a las pasteras, en simultáneo se invisibilizaba y no estaba en ninguna agenda el modelo de la megaminería”, explica sobre la decisión de empezar a investigar esta temática.

De esta primera investigación y numerosas actividades académicas compartidas en la actualidad, han formulado un proyecto PICT (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica), con financiamiento del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (Foncyt), junto a grupos de la UBA y la Universidad de General Sarmiento, cuya directora es Maristella Svampa, y Antonelli es responsable del grupo Córdoba. En este proyecto se trabaja sobre los modelos económicos de la Argentina contemporánea: dos extractivistas, el minero y el agro exportador y el modelo industrial.